El Plan de Vivienda 2018-2021 facilitará a la Comunidad Autónoma la posibilidad de alquilar a las familias desahuciadas casas pertenecientes a los bancos o a otros propietarios. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dijo ayer en el Congreso que el plan permitirá que estas viviendas se pongan «a disposición de las comunidades autónomas», que podrán disponer de ellas para destinarlas a un alquiler social. De la Serna espera aprobar el nuevo plan cuatrienal en la primera quincena del mes de marzo.
Los últimos datos conocidos sitúan el número de viviendas vacías en la Región por encima de las 20.000, aunque un gran número de estas casas se encuentra en las grandes urbanizaciones turísticas situadas en la costa y en los municipios cercanos, la mayor parte de las cuales pasaron a manos de la Sareb. Las entidades financieras se adjudicaron también muchas viviendas antiguas situadas en pedanías y en municipios pequeños que, debido a su mal estado, no han encontrado comprador.
En respuesta a una interpelación del diputado de Unidos Podemos Rafa Mayoral, el ministro aseguró ayer que el próximo Plan de Vivienda será «ambicioso» y espera que con él se favorezca que comunidades autónomas y grandes ayuntamientos «empiecen a cambiar un poco la política dirigida a favorecer un aumento de la oferta que conseguía disminuir el precio del alquiler». A su juicio, «es el asunto fundamental en el que se puede conseguir un resultado satisfactorio en cuanto a la regulación de los precios de alquiler en nuestro país», apostilló el ministro, reconociendo que, aunque existe «una cultura del alquiler superior en otros países», las políticas adoptadas por el Gobierno han conseguido incrementarla «sustancialmente».
De la Serna dijo también que su objetivo es presentar próximamente en el Consejo sectorial el Plan de Vivienda 2018-2021 y su reparto de fondos para que las comunidades autónomas puedan proceder a firmar los convenios correspondientes. Defendió que «más de la mitad» de observaciones realizadas por estas administraciones se han incorporado al plan. Varias de ellas, dijo el ministro, referidas a colectivos más vulnerables.
Fuentes de la Consejería de Fomento indicaron que «el Gobierno regional planteó al Ministerio una serie de propuestas a tener en cuenta en el nuevo Plan de Vivienda, una de ellas dirigidas a incluir las ayudas al alquiler específicas para jóvenes y personas en riesgo de desahucio. La medida anunciada va en la línea de trabajo de Murcia para evitar el desahucio», apuntaron.
De la Serna admitió que las cifras de desalojos de viviendas «aún son preocupantes», pero destacó que, según las datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de ejecuciones «ha alcanzado su cifra más baja desde 2008».
El portavoz de Vivienda de Podemos criticó al Gobierno por no hacer nada a pesar del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a la vivienda. «Me da la sensación de que no se ha leído el dictamen», lamentó el diputado, señalando que la primera de las recomendaciones pasa por la adopción de medidas legislativas o administrativas «para garantizar que las personas demandadas puedan oponerse o presentar un recurso. Más claro, el agua: la ley española no cumple la norma internacional. Esto es lo que tiene. Estamos fuera de la legalidad internacional», dijo Mayoral. Añadió que es «una vergüenza» que el Gobierno responda sobre los mecanismos de protección a los deudores hipotecarios, «cuando le preguntan por desalojos forzosos sin alternativa habitacional».
