Los centros educativos de la Región permiten al alumnado y a sus familias elegir el nombre por el que quieren que se les llamen en función de su sexo sentido. «La Región es una de las pocas que lo permite», ha asegurado la directora general de Mujer e Igualdad de Oportunidades, Alicia Barquero, durante su comparecencia en la comisión especial contra la Discriminación y Violencia de Género de la Asamblea, a la que ha acudido para hablar sobre el desarrollo de la ley LGTBI aprobada en mayo de 2016 en la Asamblea Regional.

Según ha explicado, se ha creado una comisión técnica interdepartamental, que deberá redactar un plan interdepartamental sobre esta ley de igualdad social. En este sentido, dentro del ámbito educativo ha expuesto que se ha asesorado a los centros que han presentado algún caso de alumnado transexual. «Se les ha asesorado sobre el uso de los servicios, vestuarios o la utilización del nombre elegido por el alumno o su familia», ha afirmado la directora general, que ha expuesto que dentro del programa Plumier el alumno o su familia pueden elegir la identidad de género en función del sexo sentido, a pesar de que en la documentación oficial figure el nombre oficial.

Sobre la aplicación de la ley aprobada en el parlamento regional, ha manifestado que cuando se aprobó en el año 2016 «ninguna dirección general tenía competencias exclusivas» para desarrollarla.

En 2017 con la reestructuración del Gobierno regional se dotó de competencias a la dirección general de la Mujer para este fin, desde donde se está llevando a cabo una «coordinación más efectiva» de las acciones a llevar a cabo. Entre ellas destaca el plan interdepartamental que esperan tener desarrollado antes del verano para remitirlo al Consejo Económico y Social. Una de las medidas que la ley pedía poner en marcha es un Observatorio de Igualdad y No Discriminación que aún no se ha puesto en funcionamiento.

Al respecto, la diputada de Podemos, Mari Ángeles García considera que para el Gobierno «no es una prioridad» el cumplimiento de la ley. El diputado de Ciudadanos, Miguel Ángel López-Morell ha criticado la lentitud de creación del Observatorio de No Discriminación, cuestionando también la lentitud de los plazos de la ley. Finalmente, el socialista Emilio Ivars ha asegurado que la directora general «ha echado balones fuera» sobre la lentitud del desarrollo de la ley.