El estigma de los enganches ilegales al consumo eléctrico y de que el robo de energía está protagonizado por familias en riesgo de exclusión social empieza a desmitificarse. La tónica de los últimos años marca que la mayor parte de la energía defraudada en España se ha dado en el sector residencial de gran consumo, es decir, clientes que residen en viviendas muy electrificadas con consumos elevados, en el sector servicios y en el sector industrial.

El año pasado, la compañía Iberdrola detectó que el 96,8% de la energía defraudada procedía de estos tres ámbitos, dándose solo el 1,2% en viviendas habitadas por familias en situación de vulnerabilidad. De hecho, ha retrocedido el peso de este perfil en el último año en el fraude eléctrico, ya que en 2016 representaba el 1,4%.

Estos datos se deprenden del balance de inspecciones que la compañía Iberdrola realizó durante el pasado año. Concretamente, en la Región de Murcia la firma de distribución eléctrica realizó 34.126 inspecciones, en las que se detectaron 7.047 fraudes, a razón de casi 20 robos del luz al día, y cuya energía defraudada ascendió a 38.281 megavatios hora. Comparado con 2016, los datos de ese año dejaron 42.923 inspecciones realizadas, en las que se detectaron 6.760 fraudes, y la energía defrauda ascendió a 38.858 megavatios hora.

Las primeras conclusiones que se desprenden de los datos subrayan que de un año para otro la compañía realizó menos inspecciones pero detectó más casos de fraude: «Esto se debe a la progresiva implantación de las redes y contadores inteligentes, que avisan al sistema rápidamente si alguien comete fraude energético, y la mejora de la actividad inspectora de la compañía», explica la compañía. Y es que ahora, gracias a estos recursos, Ibedrola está detectando fraudes que se llevan cometiendo desde hace años pero que no habían sido fichados todavía.

Otra de las conclusiones a las que llegan los inspectores en la Región es que cada vez más los robos de luz son de menor consumo energético, «dado que los grandes fraudes los hemos ido pillando durante los últimos años», apunta Iberdrola.

Respecto al robo en el sector residencial, de servicios e industrial, la empresa eléctrica subraya que el primer sector implica más del 70% del fraude detectado en España, seguido de un 16% en el sector servicios y de un 5% en el industrial. «Son empresas productoras, bajos comerciales, locales pequeños o industrias de este sector productivo las que defraudan dentro de las dos últimas categorías», explica Iberdrola.

¿Qué ocurre una vez detectado el fraude?

¿Qué ocurre una vez detectado el fraude?Iberdrola realiza una apertura de expediente por cada fraude energético detectado. Posteriormente, lo notifica a la administración regional, que tiene las competencias, y tiene como fase final una liquidación a la empresa o al particular que haya defraudado. «En el momento que se pilla al defraudador se le desconecta de la red», añade la compañía.

«El fraude eléctrico en España preocupa no sólo a las compañías distribuidoras sino también a las Administraciones Públicas, que ven en el incremento de las pérdidas, derivadas de enganches ilegales y manipulaciones de contadores, un recorte de los ingresos regulados del sistema eléctrico y que repercute de forma significativa en el bolsillo del resto de los consumidores», explica la entidad, ya que hay que elevar los ingresos del sistema vía peajes de acceso para equilibrar las cuentas del sistema.

Además, el «Ministerio de Hacienda deja de recaudar el IVA, a lo que habría que sumar lo que dejarían de ingresar las comunidades autónomas en concepto de impuesto de la electricidad. Asimismo, los ayuntamientos dejarían de recaudar por la tasa de ocupación del suelo municipal el 1,5% sobre la facturación anual por esa energía defraudada», concluye la entidad.