Que el Mar Menor es una 'patata caliente' para el Gobierno regional parece cada vez más claro. Y lo ocurrido ayer es un ejemplo. La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, anunció que no iban a cumplir con el mandato de la Comisión Especial de la laguna, que el día anterior había encargado al Ejecutivo la elaboración de la Ley Integral.

Arroyo, tras comparecer explicando los acuerdos del Consejo de Gobierno, instó a los grupos de la oposición en la Asamblea Regional a que no hicieran «dejación de sus funciones». Y defendió que la Ley Integral del Mar Menor debía tramitarse en el parlamento autonómico, porque es el «marco natural», porque «es más rápido», porque todos los sectores pueden participar, y porque todos los partidos pueden opinar y hacer sus aportaciones.

La oposición, por su parte, había decidido confeccionar directrices y orientaciones que sentaran las bases de la nueva norma para trasladárselas al Gobierno, con las que éste elaborara la Ley en el plazo de un año.

La consejera Arroyo garantizó que el Gobierno regional iba a destinar «todo su tiempo en aplicar medidas y actuaciones que mejoren la situación actual del Mar Menor y la protección de todo su entorno». Sin embargo, añadió que si se dedicaba a realizar un proyecto de ley, no podrían centrarse en lo más importante, «que es trabajar todo el tiempo en aplicar medidas y actuaciones concretas en la recuperación de la laguna».

Y aclaró que un proyecto de ley «se dilata más de un año en el tiempo por los trámites y los procedimientos que implica, ya que tiene que recabar los informes del Consejo Social y del Consejo Jurídico, entre otras cosas».

Tal y como el consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, informó el lunes en el Comité de Participación del Mar Menor, el Ejecutivo va a proceder ya a la retirada de los sedimentos de los fondos marinos de Los Urrutias, de Los Nietos, de Los Alcázares y de Villananitos, que eran actuaciones que «ya se estaban planteando los grupos de investigación del Comité de Asesoramiento Científico».

La portavoz del Gobierno regional, además, instó a la Asamblea a que «reflexione» y que los grupos parlamentarios «no hagan dejación de sus funciones».

Argumentario

El Ejecutivo regional considera nacesario que la Ley Integral para la gobernanza y la protección del Mar Menor se tramite como proposición de ley desde la propia Asamblea Regional. Entre los motivos, Arroyo señaló que esta tramitación parlamentaria «es más rápida» y «no perdemos ese tiempo necesario, más de un año, que necesitaría el Gobierno regional para tramitar una ley con todos los informes necesarios».

En segundo lugar, justificó la tramitación parlamentaria porque en la Asamblea «están representados todos los grupos políticos y es necesario que se incluyan todas las opiniones y reflexiones que se realicen por parte de los mismos». En tercer lugar, defendió que de esta forma «pueden participar todos los sectores».

En cuarto lugar, recordó que el Gobierno regional «ya elaboró un Decreto Ley con medidas urgentes que llegó a la Asamblea y que la oposición ha destrozado». Ahora, criticó que estos grupos vuelven a remitirse al Ejecutivo «como si esa responsabilidad fuese del Gobierno regional».

Arroyo señaló que el Gobierno regional va a ser «realista» y reconoció que «no tenemos un año por delante posible que perder» para tramitar esa Ley integral.

«Si se pierde un año, llegamos a final de legislatura y no habremos hecho nada», según la consejera, quien emplazó «a todos aquellos que quieran ser corresponsables en la recuperación del Mar Menor» a que dediquen su tiempo «a trabajar, a documentarse y a proponer».

«Si los grupos de la oposición insisten, nosotros insistiremos en hacer ver que están haciendo dejación de sus funciones», concluyó la portavoz del Gobierno regional.