Si bien ahora se está produciendo una tregua en cuanto a las ejecuciones hipotecarias, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia se está encontrando últimamente con un nuevo caballo de batalla. La PAH está recibiendo cada vez a más ciudadanos que reclaman sus ayudas para evitar que los bancos los echen de las viviendas vacías que ellos han ocupado por su cuenta y riesgo porque no tienen otro techo sobre el que cobijarse.

Así lo asegura uno de los portavoces de la PAH en la Región de Murcia, Francisco Morote, quien señala que recientemente hubo un juicio contra una familia que se había instalado en una vivienda vacía y que trataba de negociar con una entidad bancaria, propietaria del inmueble, para que accediera a alquilarla. «Son familias con extrema necesidad que ocupan una casa de forma pacífica, no porque quieran vivir por la cara, sino porque no tienen dónde vivir, no hay oferta de vivienda pública ni en la Región ni en España y se encuentran con que hay una gran cantidad de viviendas vacías que los bancos no ponen en alquiler», afirma Francisco Morote, quien no puede decir una cifra de personas que se encuentren en esta situación en la Región.

Morote cuenta que en el juicio que tuvo lugar esta semana la familia en cuestión, una pareja joven con dos hijos, no tuvo más remedio que acceder a la vivienda vacía y pedir al banco propietario una negociación. En principio parecía dispuesto, pero después cambio de postura, mostrándose inflexible. «Y es la entidad cuyo director general decía esta semana que los desahucios eran una leyenda urbana», dice el portavoz de la PAH, refiriéndose a Caixabank, que afirma que los bancos «han cambiado de política, pues antes sí facilitaban el alquiler». Añade Morote que la mayoría de viviendas que se encuentran en esta situación de ocupación ilegal son casas viejas que no pueden ser puestas en el mercado. Por lo tanto, solicita a los bancos una mayor flexibilidad para regularizar la situación de estas familias con una solución que satisfaga a las dos partes. «No son okupas», insiste. En cualquier caso, anima a las administraciones públicas a que retomen la construcción de viviendas públicas para los ciudadanos con menos recursos.

Un reciente estudio del Instituto Cerdá, elaborado el pasado verano, señalaba que más de 87.000 familias (que sumarían unas 270.000 personas) ocupan viviendas de manera ilegal en España, señalando además que entre el 40% y el 60% de dichas casas ocupadas realizan asimismo conexiones fraudulentas para conseguir suministros básicos como la electricidad.

En la vecina Alicante, fue la propia plataforma Stop Desahucios la que denunció la situación de desgobierno que, aseguran, sufría la ciudad debido a las mafias que ocupan casas de manera irregular. «Alicante se ha convertido en una ciudad sin ley en la que las mafias campan a sus anchas e incluso vienen de otras provincias atraídas por la gran cantidad de pisos vacíos que ha dejado la crisis. Hay miles de casas ocupadas de manera irregular, que se revenden y se realquilan», denuncia Desiré Gómez, activista de la plataforma.

La situación ha llegado a tal extremo que, según Stop Desahucios, «se han dado casos de personas que han ido a recoger a los niños al colegio y al volver a casa se han encontrado con personas dentro, que han dado una patada a la puerta y la han ocupado». Gómez añade que «en esta ciudad se está haciendo negocio con la necesidad de la gente y dentro de unos años se pagará caro». La plataforma, por tanto, ha renunciado a frenar desahucios en estos casos cuando los bancos deciden desalojar a sus 'inquilinos'.

Morote señala que no tiene constancia de que estas mafias existan en la Región de Murcia, al menos entre las personas que acuden a la Plataforma.

El portavoz de la PAH en la Región denuncia que la situación de las familias que buscan un alquiler es cada vez más difícil porque las instituciones legislan en su contra. Así, denuncia que el grupo catalanista PdCAT ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para facilitar los desahucios express que, curiosamente, cuenta con el apoyo de PP y Cs, a pesar del conflicto que mantienen estos tres partidos a causa de la situación en Cataluña. También denuncia Morote que se quiere recuperar la llamada ley Corcuera, permitiendo a la Policía entrar en una vivienda sin orden judicial en los casos de ocupación ilegal. También dice que la ley de arrendamiento urbano no favorece a quienes tienen menos recursos.