El culebrón de las enmiendas restrictivas con la agricultura, recogidas en el proyecto de Ley de Medidas urgentes para garantizar la Sostenibilidad Ambiental en el entorno del Mar Menor, sigue su curso. Hoy, en el marco de una reunión urgente de la Comisión de Política Territorial y Medio Ambiente de la Asamblea, los diputados deberán decidir si aceptan o no la propuesta del PSOE de sacar las tierras de secano de estas enmiendas, al estar en la zona más apartada de la laguna. La Comisión se reúne un día antes de que se vote en el Pleno el proyecto de Ley.

Ciudadanos y Podemos ya han dicho que no sólo no lo aprobarán, sino que en la Comisión no se pueden cambiar ni el fondo ni la forma de las enmiendas. Y ninguno está a favor del aplazamiento del Pleno, como tampoco lo está el PSOE.

Miguel Sánchez, portavoz de la formación naranja en la Región, fue ayer tajante: «Vamos a mantener firme y sin matices la defensa del Mar Menor y votaremos a favor de todas y cada una de las enmiendas pactadas».

Tampoco estuvo Sánchez a favor del aplazamiento del Pleno, y destacó que ha sido el Partido Popular el que durante 20 años no ha sabido solucionar la degradación de la laguna. «Él es el problema y no puede ser la solución»; y reclamó una Ley Integral para el Mar Menor en la que se aborden las actuaciones en todos los sectores afectados.

El secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, aseguró que su partido se mantendrá firme para que las enmiendas que pactaron los tres grupos de la oposición se incluyan en la ley y anunció que su partido acudirá a la Fiscalía ante el escrito que se ha registrado en la Asamblea por parte de «una asociación fantasma», que amenazaba con tomar medidas contra los diputados que apoyen las enmiendas. «No estamos dispuestos a aceptar coacciones», indicó Urralburu, quien reprochó al secretario general del PSRM, Diego Conesa, «la confusión que ha creado estos días», con sus reuniones con el sector agrario.

No obstante, tanto Urralburu como la diputada regional María Giménez se mostraron optimistas ante el Pleno de mañana, esperando que PSOE y Ciudadanos mantengan sus posiciones.

Giménez recordó que el secano está muy limitado en el entorno del Mar Menor y es «prácticamente anecdótico» en las Zonas 1 y 2 de protección. «Son unas 15.000 hectáreas de terreno, frente a las 70.000 de regadío intensivo», señaló la diputada, quien advirtió que la formación morada «no dará ni un paso atrás y pidió a PSOE y Cs «que no sean cómplices». «Es el Mar Menor o el PP».

Desde las filas del PSRM-PSOE, su secretario general, Diego Conesa, insistió en que su partido apuesta por el sector agrícola, y volvió a defender que se modifiquen «solo para algunos bancales de almendros de secano y en un área concreta de la zona 3» algunas de las enmiendas.

A continuación, el dirigente socialista apuntó que si en la Comisión de hoy no se logra modificar la redacción, «iremos mañana al Pleno y se votará». Por último, Conesa dejó claro que lo que debe hacer el Gobierno regional «es gobernar» y plantear «la solución definitiva» a la degradación del Mar Menor con la Ley Integral».

Por su parte, el responsable de Agricultura del PP, Jesús Cano, insistió en que «si queremos ser responsables, no perjudicar a la agricultura y beneficiar al Mar Menor, solo cabe aplazar el Pleno».

Cano insistió en que el Partido Popular trabaja en la protección del Mar Menor, y «debemos ser útiles y evitar el perjuicio a miles de agricultores».

Un aplazamiento del Pleno, concluyó, permitirá corregir «un error que PSOE, Podemos y Ciudadanos están a punto de cometer, porque no se puede votar un dictamen que no beneficia a nadie y perjudica a miles de agricultores». «Es una irresponsabilidad mayúscula».