28 de enero de 2018
28.01.2018
Gestores

Los notarios ponen bajo la lupa a más de 300 altos cargos y políticos electos de la Región

El Consejo General del Notariado ha reunido en una base de datos nacional a 14.641 responsables de la Administración que manejan dinero público

28.01.2018 | 00:01
Los presidentes de la Unión Internacional del Notariado, Consejo General y Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Incluye los puestos del Estado, la Comunidad, los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca, Molina y empresas públicas de los tres estamentos.

Los notarios han puesto bajo la lupa a más de 300 altos cargos, políticos electos y responsables de las empresas públicas del Estado, la Comunidad Autónoma y los cuatro ayuntamientos de la Región con más de 50.000 habitantes: Murcia, Cartagena, Lorca y Molina. El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha creado una base de datos nacional en las que están identificadas más de 25.000 responsables públicos y personas consideradas «allegadas» con las que han realizado algún tipo de operación recogida en escritura o relaciones económicas a través de empresas y sociedades comerciales. El objetivo es registrar los movimientos sospechosos que realizan los políticos con capacidad de decisión y los responsables del manejo del dinero público para detectar posibles casos de corrupción. Una ley establece la creación de este órgano con el fin de que la información obtenida se ponga a disposición de jueces, fiscales, Fuerzas de Seguridad y otros organismos dedicados a perseguir la delincuencia en los estamentos públicos.

En la Región este listado incluye a casi un centenar de altos cargos del Gobierno regional, los 45 diputados de la Asamblea Regional, parlamentarios en el Congreso y en el Senado, responsables de la Administración central, los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura y los responsables de las empresas públicas de todas estas instituciones. A ellos se suman los familiares y los socios u otras personas con las que han realizado algún tipo de transacción económica.

El decano del Colegio Notarial de la Región, Pedro Martínez Pertusa, consideró que Murcia «es una zona caliente», como demuestran los numerosos casos de corrupción que están en los tribunales. Recordó que muchas de las investigaciones terminan sin haber logrado aportar las pruebas necesarias para demostrar que ha existido un comportamiento ilegal, aunque existan claros indicios de delito.

Añadió que la posibilidad de rastrear a través de la base de datos del Notariado las operaciones realizadas por los responsables públicos o por sus testaferros «cierra el círculo para que la persona sepa que el ojo está encima de ella».

El Notariado ha creado esta base de datos, única en España, gracias a la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, que incluye 115.202.197 documentos, y en su Base de Datos de Titular Real, en la que están identificados los titulares de 2.368.490 sociedades y organizaciones. Según explicó Martínez Pertusa, se trata de «la segunda base de datos más importante de España», después de la de Hacienda, que está confeccionada a partir de los documentos registrados en las notarías desde 2002.

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz; Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado; y José Marqueño, presidente de la Unión Internacional del Notariado, han presentado esta semana en Madrid la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública, que está operativa desde noviembre.

De las 25.000 personas registradas en la base de datos,14.641 son cargos públicos por elección o por designación del Estado (hasta director general), las comunidades autónomas (gobiernos, diputados y altos cargos), alcaldes y concejales de los municipios con más de 50.000 habitantes) y directivos de empresas públicas estatales, autonómicas y municipales.

Todos ellos seguirán apareciendo en los listados hasta dos años después de su cese. Otras 10.544 son personas «allegadas» a los cargos públicos por relaciones personales, comerciales o societarias.

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