La Inspección de Trabajo ha obligado a hacer fijos a la mitad de los trabajadores eventuales cuyos contratos fueron revisados en 2017. La mayor proporción de irregularidades detectadas por los inspectores se ha producido en los contratos de formación y aprendizaje destinados a jóvenes menores de 30 años, dado que el 82,3% se han convertido en indefinidos. Este porcentaje duplica el fraude descubierto en el ejercicio anterior.
En 2017 fueron revisados 301 contratos de formación y aprendizaje para menores de 30 años, de los que 248 se convirtieron en indefinidos, lo que supone que resultaron fraudulentos el 82,3%, frente al 42,8% del año anterior. Esta modalidad está destinada a jóvenes que desean adquirir experiencia en un oficio o ejercer las funciones remuneradas de un puesto para el que todavía carecen de formación adecuada.
En total, el 48% de los contratos de trabajo revisados durante el año 2017 en la Región tuvieron que ser convertidos por las empresas en indefinidos, a raíz de la detección de un fraude de ley en los mismos. Fueron inspeccionados 10.979 contratos de tres tipos: temporales, a tiempo parcial y de formación y aprendizaje. De ellos, 5.277 se transformaron en indefinidos o tuvieron que modificar la duración de la jornada parcial que recogían.
A lo largo de 2017 se revisaron 9.579 contratos temporales, 4.344 de los cuales se convirtieron finalmente en indefinidos. Esto supone que el 45,3% se encontraban en fraude de ley, frente al 41,5% de 2016. Como consecuencia de las inspecciones se detectaron 166 infracciones que dieron lugar a otros tantos expedientes sancionadores.
En contratos a tiempo parcial, la campaña se centró en determinar si la jornada establecida se correspondía con el horario real de prestación de servicios de los trabajadores. Fueron examinados 1.099 casos y se modificó la duración de la jornada en 685, que representan el 62,3%, frente al 60% de los inspeccionados el año anterior.
La Consejería de Empleo dio a conocer ayer los datos de la campaña llevada a cabo durante el año pasado por la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo, que abarcó todos los sectores de actividad de la Región. Los inspectores realizan campañas programadas desde el Ministerio, pero también desarrollan planes específicos diseñados conjuntamente con la Consejería de Empleo con el objetivo de detectar el fraude y de subsanar las irregularidades.
El consejero, Juan Hernández, apuntó que en 2018 se harán más de 650 actuaciones para garantizar la calidad del empleo.
