Si ayer fue la organización agraria Coag, hoy ha sido la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y los empresarios agrícolas asociados a Proexport. «Se están pasando», y «esto parece una caza de brujas» es el sentir general de quienes se dedican a la actividad agrícola en torno al Mar Menor. Insisten en que ampliar las medidas más restrictivas a la actividad agraria que se van a aplicar a la zona 1 (las 16.000 hectáreas más cercanas a la laguna) al resto de las zonas, «no se fundamenta ni tiene ningún rigor científico ni técnico», comenta el vicepresidente de Proexport, Javier Soto.
Los empresarios dicen estar «muy preocupados y expectantes» ante la tramitación como Ley de las enmiendas a los artículos del real-decreto de Medidas Urgentes para garantizar la Sostenibilidad Ambiental en el entorno del Mar Menor. Y consideran que les crea «una inseguridad jurídica y administrativa».
Soto pone como ejemplo el hecho de que se considere que la actividad agrícola en una parcela a un kilómetro de Alhama de Murcia (zona 3) tenga la misma potencial afección a la laguna que otra que esté a un kilómetro de Los Urrutias (zona 1). «En ambos casos, si la finca tiene algún desnivel, se obliga a los agricultores a cambiar todas las infraestructuras de riego a favor de la pendiente o curva de nivel para continuar con sus producciones», añade.
Tampoco se permitirá en ninguna de las zonas utilizar agua con más de 3 dS/m de conductividad (en las salmueras), y será sancionado quien lo haga. «Con la poca agua que tenemos esos criterios son extremos; si se mantienen, no sólo no podremos utilizar el agua de los acuíferos sino que tampoco podremos regar con las de las depuradoras», argumenta el vicepresidente de Proexport, insistiendo que se va a causar «un daño gratuito e irreversible a la agricultura en el Campo de Cartagena, parecido a una caza de brujas».
Impacto económico
Siguiendo con su línea argumental, Soto comenta que especial impacto tendría la obligación de destinar el 5% de la superficie de cada parcela a sistemas de retención de nitratos, una medida que Proexport cifra en un coste de entre 486 y 547 millones de euros para el conjunto de la extensión propuesta, pues obligaría a dejar sin producir 6.077 hectáreas. «Esto lo pagarían por entero los agricultores; es el mayor impuesto medio ambiental que jamás se les haya aplicado».
Por último, subraya que «el Mar Menor es de todos, incluidos los productores agrícolas en Campo de Cartagena, su estado nos preocupa como al que más y por eso adoptaremos todas las medidas obligatorias y voluntarias que sean necesarias».
«Lo que nos parece una irresponsabilidad absoluta -concluye-es pretender imponer ciertas medidas que nadie garantiza que funcionen, que supondrán un sobrecoste muy importante a los productores y que, además, quieran hacerlo en toda la superficie del Campo de Cartagena por igual, sin ser capaces de diferenciar según el grado de afección que cada zona tiene».
Carrera alocada
El secretario de Agricultura de UPA-Murcia, Antonio Moreno, comparte todos los argumentos de los empresarios y destaca que «parece que estamos en una carrera sin sentido para demostrar quién es más duro con los agricultores de la Región de Murcia».
Primero fue el Gobierno Regional, recuerda, quien, «ante la alarma social que en parte él mismo contribuyó a crear», elaboró y aprobó de manera acelerada, sin consenso y con falta de rigor técnico y científico un Decreto-Ley que sólo establecía limitaciones a la actividad agraria.
«Ahora son los grupos de la oposición los que no quieren quedarse atrás y pretenden introducir limitaciones y obligaciones que en muchos casos, y dependiendo de las zonas, carecen absolutamente de sentido si lo que se pretende es contribuir a proteger el Mar Menor», apunta Moreno.
Para UPA, de no modificarse las posiciones existentes el próximo lunes en la Asamblea Regional, «se estará dando un nuevo empujón a la emigración productiva de amplias zonas de la agricultura regional más dinámica».
