Un grupo de trabajo de la Comunidad Autónoma ofrece asesoramiento a los propietarios de terrenos en la Zona 1, la más restrictiva del decreto ley de Sostenibilidad del Mar Menor, que tengan dificultades para implantar, antes del 7 de enero, las obligatorias estructuras vegetales de barrera y conservación para minimizar los efectos de las escorrentías por lluvias torrenciales.
En un comunicado, el Gobierno regional anuncia que ha enviado una carta a 3.000 agricultores, asociaciones agrarias y comunidades de regantes del campo de Cartagena y de la ribera del Mar Menor en la que les anuncia la existencia de este servicio ante la obligatoriedad de colocar estas barreras vegetales.
Estas medidas, incluidas en el decreto ley que entró en vigor el pasado mes de mayo, buscan la recuperación de la laguna salada y adoptar medidas de mejora ambiental con el objetivo de avanzar en la preservación de su entorno y su recuperación total.
La Comunidad Autónoma proporciona a los regantes unas pautas y un modelo a seguir para los proyectos de barreras vegetales que tienen que estar presentados antes de la entrada en vigor de este apartado del decreto.
Asimismo, para contrarrestar las dificultades que se encuentren los agricultores en la instalación de los setos y con el ánimo de continuar trabajando de forma conjunta en la preservación de la laguna, la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha creado un grupo técnico para estudiar las propuestas de aquellas explotaciones que hayan encontrado problemas. Éstas propuestas deberán presentarse antes del 7 de enero en el Registro General de la Comunidad Autónoma y se admitirá la realización de planes mancomunados que agrupen a los agricultores de una comunidad de regantes, cooperativas, sociedad, asociaciones, organizaciones profesionales o cualquier asociación de productores.
En este sentido, es necesario realizar todas las operaciones de cultivo, incluyendo la preparación del terreno, siguiendo la curva de nivel, quedando prohibido el laboreo a favor de pendiente.
Además, la norma, que está siendo tramitada como proyecto de Ley en la Asamblea Regional, prohíbe la aplicación de fertilizantes y, en definitiva, la implantación de cultivos a una distancia inferior a 100 metros medidos desde la ribera del Mar Menor así como el apilamiento temporal de estiércol más de 72 horas.
La Comunidad Autónoma ha establecido un programa de formación y asesoramiento con las organizaciones agrarias profesionales sobre las obligaciones que tiene que cumplir el sector agrario en relación con el cumplimiento del Decreto-Ley 1/2017.
Ya se han celebrado jornadas de información en municipios enclavados en el campo de Cartagena y, en los próximos días, se desarrollarán en las sedes de organizaciones agrarias y comunidades de regantes.
