Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, reprochó ayer a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que «después de cuatro años de sequía» no haya agilizado las obras necesarias para la ampliación de las desaladoras o al menos para conseguir que estén a pleno rendimiento. De acuerdo con las cifras que aportó durante un encuentro navideño con los medios de comunicación, el regadío podría disponer de unos 135 hectómetros cúbicos más si se ejecutaran los proyectos pendientes.

Como ejemplo, Lucas Jiménez apuntó que si se hubiesen hecho las obras previstas en la planta de Torrevieja, esta desaladora podría aportar unos 80 hectómetros cúbicos, en lugar de los 42 o 43 que está tratando en este momento, porque «están instalados los bastidores, pero faltan los enchufes» al suministro eléctrico.

Sin embargo, precisó que cuando esté acabada la ampliación esta planta estará en condiciones de aportar unos 120 hectómetros cúbicos, lo que supone una diferencia de 77.

Según sus cálculos, a esta cantidad podrían sumarse otros 17 o 18 hectómetros cubicos más de la desaladora de Valdelentico, 20 de la de Muchamiel (Alicante) y otros 15 0 20 de la deVillaricos (Almería), en la cuenca del río Almanzora.

En total, entre todas plantas sumarían unos 135 hectómetros más, que ayudarían a paliar la sequía en un momento de penurias.

El presidente del Sindicato de Regantes dejó claro que la desalación no puede entenderse como la solución definitiva al déficit que sufre la cuenca ni como alternativa a los trasvases. «Nunca renunciaríamos a los trasvases para cambiarlos por caudales de la desalación», concluyó tajante.

Lucas Jiménez se quejó también de que la Confederación Hidrográfica del Segura les ha endosado un recargo de 385.000 euros, que al principio «creyeron un mal sueño, al que siguieron otras pesadillas». Su reivindicación es que se atienda la necesidad de los agricultores y que «no se cobre por algo que novan a recibir».

El presidente del Scrats recordó que el primer cargo de las tarifas aplicadas tras el cierre de Entrepeñas y Buendía llegó en octubre, con una reclamación de 3,6 millones. Ante esta situación, abogó por un relevo en la cúpula de la Confederación Hidrográfica del Segura capaz de mostrar «una mayor sensibilidad hacia el regadío» y que al mismo tiempo sea «ágil y valiente».