La Región de Murcia perdió casi un centenar de grandes contribuyentes provenientes de otras comunidades españolas en el periodo comprendido entre 2006 y 2012, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), fechado en noviembre de 2017.

La Región recibió en ese período 59 grandes fortunas y perdió 151, según el referido informe. La mayor parte de estos contribuyentes se marcharon a la Comunidad de Madrid (90, alrededor del 60%), que desde el comienzo de siglo se ha caracterizado por ser la comunidad autónoma con mayores ventajas fiscales de España. En segundo lugar, eligieron la Comunidad Valenciana (52; 34%); mientras que otros optaron por Cataluña (4), Asturias (3) y Andalucía (2). En cuanto a las entradas de fortunas, de los 59 grandes contribuyentes que se instalaron en la Región entre 2006 y 2012, un 33% procedía de Madrid, mientras que otro 33 era de la Comunidad Valenciana. Tres fortunas catalanas llegaron a la Región de Murcia en este periodo, anterior a que se iniciara el proceso soberanista, según señala el estudio de Fedea.

Los autores de este informe, los economistas Julio López Aborda y Fernando Rodrigo Sauco, concluyen que existe «evidencia empírica» de «la influencia que tienen las diferencias autonómicas en el Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas (IRPF), y en los Impuestos de Patrimonio (IP) y Sucesiones y Donaciones (ISD)», a la hora de que los ciudadanos más ricos elijan uno u otro territorio autonómico para pagar sus tributos. También subrayan que «la movilidad ocasionada por las diferencias en el IRPF parece dirigirse solo a la Comunidad de Madrid».

A la luz de estos datos, que revelan que en la Comunidad de Madrid, en ese periodo, se instalaron 2.037 grandes fortunas, entre las 2.642 que llegaron y las 605 que se marcharon, parece claro que en España existe una evidente competencia fiscal entre los territorios autonómicos.

Precisamente en estos últimos días las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias y Baleares) han vuelto a acusar a Madrid de «dumping fiscal» y de «competencia desleal». Por ejemplo, los expertos constatan que Madrid es la comunidad autónoma con una fiscalidad más ventajosa para el contribuyente, especialmente en los impuestos de Sucesiones y Donaciones (bonificado al 99% para familiares directos) y en el de Patrimonio (bonificado en su totalidad).

Pero no son los únicos. También ocurre con el IRPF, que en el caso de la capital su tipo máximo se queda en el 43,5 % frente al 48 % de Andalucía, Cataluña o Asturias, debido a que es más reducido en su tramo autonómico (21%).

La Región de Murcia es otra de las comunidades autónomas que eliminará prácticamente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, al bonificarlo al 99% cuando entren en vigor los Presupuestos Generales de la Comunidad el próximo 1 de enero. El Gobierno de Fernando López Miras, como el anterior de Pedro Antonio Sánchez, asegura tener como principal objetivo convertir a la Región de Murcia en el espacio de mayor libertad económica de España, superando a Madrid, con el objetivo de captar más inversiones que generen empleo. «A menos impuestos, más empleo», es la consigna más repetida desde San Esteban desde el comienzo de la legislatura.

En cambio, estas políticas liberales están causando polémicas entre las comunidades autónomas de distinto signo político. El Gobierno de la Comunidad Valenciana, presidido por el socialista Ximo Puig e integrado por PSOE y Compromís, ha denunciado constantemente la infrafinanciación histórica que sufren desde hace años, lo que le lleva a no poder bajar los impuestos o incluso a subirlos, como el de Patrimonio, para recaudar más y pagar los servicios públicos.

Por eso, acusa a la Comunidad de Madrid de competencia desleal ya que puede bajar tasas y ofrecer una fiscalidad más atractiva a los particulares y empresas. De hecho, en la autonomía presidida por Cristina Cifuentes hasta cinco impuestos son la mitad de gravosos que en la Comunidad Valenciana, como transmisiones patrimoniales -de bienes muebles e inmuebles-, sucesiones y donaciones ,y de actos jurídicos documentados, entre otros.

Tal como explican los economistas Julio López Aborda y Fernando Rodrigo Sauco en el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado hace un mes, los contribuyentes pertenecientes al 1% de los más ricos «tienen más conocimiento de las cargas tributarias en cada comunidad autónoma, obtienen más beneficio con el cambio de residencia y gozan de más oportunidades para realizar dicho traslado».

A juicio de estos autores, «la competencia fiscal es un subproducto, seguramente inevitable, de un modelo de asignación de tributos entre niveles de gobierno genuinamente federal».

El Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones están descentralizados totalmente a las comunidades autónomas, «por lo que sus respectivos tipos de gravamen dependen exclusivamente de la legislación regional. Por tanto, si se quiere evitar que la competencia fiscal acabe conduciendo a la eliminación de estos impuestos, y si se pretende que los mismos continúen cumpliendo un papel en la redistribución nacional de la riqueza, debería introducirse algún límite a la reducción de los tipos de gravamen de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones que garantizara un mínimo de tributación común en el Estado», finalizan ambos especialistas en el estudio realizado por Fedea.