´Tasazo´ amortiguado, pero ´tasazo´ al fin y al cabo. El Ministerio de Agricultura ha reclamado ya a los regantes del Trasvase Tajo-Segura 3,6 millones de euros en concepto de amortización de la obra del acueducto, una de las partes fijas de la tarifa que deben pagar «sí o sí» e independientemente del agua que reciban. Tienen hasta finales de octubre de 2018 para pagarla y un mes para recurrirla.
Esta sección de la tarifa forma parte de un nuevo sistema de cálculo para los usuarios del Trasvase que el Ministerio que dirige Isabel García Tejerina ha diseñado, un coste fijo que cuando acabe la vigencia del Decreto de Sequía, se elevará a 12 millones de euros anuales.
«Han sido muy oportunos para girarnos el recibo», apuntó ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Scrats, Lucas Jiménez.
Jiménez se refería a que la comunicación ministerial se había recibido la víspera de la primera de una serie de manifestaciones convocadas por el Círculo del Agua del Levante para reclamar agua para paliar la sequía.
El presidente del Scrats no dudó en que esto encendería aún más los ánimos de los regantes. «Pagaremos todos, ciudadanos y ciudadanos-regantes por un agua que no recibiremos», subrayó.
El Sindicato, que presentará una alegación en contra de este pago, es el encargado de girar los correspondientes recibos a cada una de las comunidades de regantes del Trasvase.
«Ellos siguen sangrando la cabecera del Tajo, con la excusa de desembalsar para caudal ecológico mientras que a nosotros nos toca pagar por esa infraestructura sin recibir nada a cambio», señaló Jiménez.
El Ministerio, siguiendo las normas del Memorándum del Tajo y al haber alcanzado la cabecera el nivel 4 por la sequía, lleva desde abril sin aprobar ningún envío de agua para regadío y desde mayo para abastecimiento de los hogares de la Región, parte de Alicante y municipios de Albacete.
Cambio de criterio
Cambio de criterioEl nuevo sistema tarifario, que ha sido recurrido por el Scrats, fue aprobado en un Consejo de Ministros el pasado 9 de junio. «Cambia el criterio interpretativo dado hasta ahora desde la entrada en vigor de la Ley 52/1980, y opta por un nuevo sistema de cálculo claramente recaudatorio que castiga las economías de los agricultores del Sureste español», han denunciado los agricultores.
Jiménez añadió que para este nuevo procedimiento de cálculo se utilizan criterios similares a los de otro tipo de suministros, como el de la energía eléctrica, «pero en ese caso, la posibilidad de consumir está siempre garantizada». Los agricultores quieren agua y pagar, por ese orden. «Es insostenible establecer una tarifa para 421 hm3 sin trasvasar un solo metro cúbico a estas tierras».
La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados rechazó, en su última reunión, una enmienda del Grupo Parlamentario de Ciudadanos por la que se pretendía eximir a los agricultores de pagar la tarifa del Trasvase en todos sus componentes mientras que no circule agua por el Acueducto.
