La Consejería de Empleo activará en el inicio de 2018 dos subvenciones encaminadas a acercar al empleo a los parados en riesgo de exclusión social en la Región, y de las que podrán beneficiarse las alrededor de mil personas de este colectivo registradas como desempleadas en oficinas del SEF. Concretamente, serán ayudas a través del SEF de hasta 9.000 euros por el establecimiento como autónomos si va acompañado de una inversión, y de 7.500 euros a las empresas que contraten a estas personas de manera indefinida.
De esta manera, se pondrá en marcha una ayuda de 7.500 euros para las empresas de la Región que lleven a cabo un contrato indefinido a tiempo completo a una de estas personas. En el caso de que ese contrato indefinido sea a tiempo parcial, la ayuda a la empresa será de 3.750 euros.
La primera de esas ayudas se ofrece a aquellos desempleados en riesgo de exclusión que se den de alta como autónomos en la Región y justifiquen haber realizado una inversión en inmovilizado material superior a los 2.500 euros. La dotación de la subvención oscila entre los 4.000 y 9.000 euros, en función de la inversión inicial.
Dentro del rango de ayudas, la de menor cuantía es la de 4.000 euros, que recibe un hombre en riesgo de exclusión cuando justifica una inversión en material para su idea de negocio de entre 2.500 y 5.000 euros. La máxima ayuda, de una cantidad de 9.000 euros, la recibe una mujer en riesgo de exclusión que justifica una inversión de más de 5.000 euros.
Las facilidades para emprender se completarán con la Cuota Cero en el caso de que el riesgo de exclusión afecte a jóvenes inscritos en Garantía Juvenil o parados de larga duración, ya que incluirá una ayuda inicial de 3.500 euros. Además, será la Comunidad la que asuma la tarifa de autónomos durante el primer año de actividad, y el beneficiario sólo deberá pagar la cantidad de 50 euros mensuales durante el segundo año.
Incorporación de los refugiados
La Estrategia por el Empleo de Calidad 2017-2020 centra una especial atención en los colectivos en riesgo de exclusión, entre los que se incorpora por primera vez a los refugiados. Así, desde el SEF se ofrece a estas personas orientación laboral, y formación específica dirigida a que obtengan competencias clave en lengua, matemáticas e inglés. Este requisito es indispensable para acceder a los cursos de formación de mayor nivel sin necesidad de tener el titulo mínimo de ESO o Bachillerato.
Para el consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, «el objetivo de esta medida es animar a las empresas de la Región a apostar por aquellos desempleados que más difícil lo tienen. Desde el Gobierno regional no creamos empleo de manera directa, pero sí que podemos ayudar los que lo crean, es decir, a las empresas, para que se decidan a dar el paso», declara.
Hernández afirmó que «el empleo es para estas personas la mejor política social, la que más les acerca a la inclusión. Por eso, una de nuestras principales metas es seguir sensibilizando al empresariado para que conozcan estas medidas y se beneficien de ellas».
Cifra. Un total de 1.043 personas en esta situación
?Los demandantes de empleo de la Región que se encuentran en riesgo de exclusión social son un total de 1.043. Por lo que respecta al perfil de esas 1.043 personas, un 44% son hombres y un 56% mujeres. Tan sólo el 8% de ellos tiene menos de 25 años, mientras que la mayoría, un 49%, tiene entre 26 y 45 años. El 43% restante es mayor de 45 años. Este reparto por edad es similar al del conjunto de demandantes de empleo en cuanto a los menores de 25 años, aunque en el caso de las personas en riesgo de exclusión es mayor el peso de los que tienen entre 26 y 45 años. Igualmente, la presencia de los hombres demandantes de empleo en riesgo de exclusión es mayor que en el conjunto de parados. La Comunidad trabaja con los ayuntamientos para compatibilizar la atención social con la orientación laboral de estas personas, que se produce en el momento en el que se encuentren preparadas para realizar cursos de formación o para la búsqueda efectiva de trabajo. Por tanto, la colaboración incluye la posibilidad de derivación de estas personas, tanto desde las oficinas del SEF a los ayuntamientos como a la inversa.
