La presidenta de la Asociación Más Mujer Murcia, que agrupa a mujeres con discapacidad física y orgánica, María Dolores Pérez, ha reclamado mayor visibilidad y atención para este colectivo, que sufre un mayor riesgo de sufrir episodios de violencia de género y una mayor brecha salarial que el resto de mujeres. En su comparecencia ayer ante la Comisión Especial contra la Discriminación y Violencia de Género de la Asamblea Regional, Pérez ha lamentado que la Región no dispone de datos desagregados en materia de violencia de género, pero ha citado que la UE cifra en un 40% el porcentaje de discapacitadas que han padecido o sufren agresiones machistas.

Igualmente, ha asegurado que el 20% de las víctimas mortales por estos casos tenían una discapacidad física u orgánica, en muchos de los casos sobrevenida por las agresiones previas de sus parejas, incidiendo en que en este colectivo se acentúa la incapacidad de las mujeres para contar la violencia a la que están sometidas.

La presidenta de Más Mujer Murcia ha subrayado la importancia de que las discapacitadas estén «totalmente preparadas» y poder optar a un «trabajo digno para tener una vida digna», si bien ha reconocido que su situación hace que «les cueste salir de su propio entorno».

Finalmente, Pérez ha reclamado a las administraciones una mayor implicación en recursos, poniendo como ejemplo que ha habido casos de discapacitadas agredidas que no han podido ser llevadas a las casas de acogida porque estas dependencias no estaban preparadas para este colectivo.

Desde los grupos parlamentarios, el diputado socialista Emilio Ivars ha apuntado que la brecha salarial en el grupo de discapacitadas aumenta un 11% respecto a la media, al tiempo que ha reclamado que las leyes autonómicas contemple la transversalidad que supone que sean mujeres y sufran una minusvalía física.

Por su parte, la parlamentaria de Podemos María Ángeles García ha puesto el foco sobre las carencias del plan regional de atención a estos grupos, que data de 2013 y está «totalmente obsoleto», lo que agrava, en su opinión, las dificultades que tienen estas mujeres para acceder a servicios educativos, sanitarios o sociales.

En la bancada de Ciudadanos, Luis Fernández ha remarcado que la doble discriminación que supone ser mujer y discapacitada «no es una suma, sino una multiplicación» de las dificultades para su «normalización» en la sociedad. Finalmente, la parlamentaria del PP Isabel Soler ha considerado «espeluznante» que una de cada tres discapacitadas haya sufrido violencia de género, al tiempo que ha reclamado a los ayuntamientos, competentes en la gestión de las casas de acogida, que acondicionen sus instalaciones para este colectivo.