PSOE, Unidos Podemos, la Junta de Andalucía, los sindicatos, la Abogacía Española y organizaciones sociales criticaron ayer de forma taxativa el traslado de los 464 inmigrantes llevados el lunes desde Cartagena hasta el centro penitenciario sin inaugurar de Archidona, en Málaga, tras la oleada de pateras vivida en las costas de Cartagena durante el pasado fin de semana.
Desde los partidos políticos, el PSOE calificó la situación de «ilegal», en un comunicado donde recordó que las personas que llegan a España en pateras «no son delincuentes y no merecen ser recluidos en un centro penitenciario». Asimismo, anunció que ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones al respecto, y recordó que las diferentes leyes de Extranjería apuntan que, «con carácter preventivo o cautelar, el ingreso preventivo en centros no tendrá carácter penitenciario».
Por su parte, Unidos Podemos consideró el traslado una «violación de los principios fundamentales de las leyes que regulan el funcionamiento de los CIE». La portavoz del grupo, Irene Montero, censuró que «meter a unas personas en una cárcel, en lugar de un CIE, porque están llenos, es saltarse a la torera la propia regulación del Gobierno».
Asimismo, desde la Junta de Andalucía, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez, considero «no adecuada» la cárcel de Archidona para el internamiento de medio millar de inmigrantes.
También los sindicatos se mostraron críticos. La sección sindical de CC OO en Instituciones Penitenciarias lamentó «el grave retroceso en materia de derechos humanos» que supone el internamiento de inmigrantes en la futura cárcel. «Es una flagrante vulneración de la legislación vigente», afirmaron. Desde UGT indicaron que con esta medida, España puede estar cometiendo una «grave transgresión» de la normativa europea.
Otra voz crítica fue la de la Abogacía Española, que mostró su «más absoluta condena» al ingreso en el centro penitenciario de los inmigrantes.
Finalmente, más de una veintena de organizaciones sociales mostraron su rechazo y anunciaron estudiar acciones legales ante la práctica «absolutamente ilegal» del internamiento de los extranjeros en Málaga.
Un CIE «provisional»
Pese a las críticas, desde los Gobiernos de España, Andalucía y la Región de Murcia, dieron el visto bueno a las medidas y recordaron que la delegación del Gobierno en Murcia anunció el lunes que la futura cárcel de Archidona sería habilitada como Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) «provisional», ante la falta de capacidad de las instalaciones de la Región.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió la decisión adoptada. «El sistema se ha colapsado y en lugar de campamentos que pudiéramos montar hemos optado porque esas personas estén en un sitio con calefacción o duchas», dijo y recordó que las instalaciones de Archidona no están todavía habilitadas como cárcel. El ministro recalcó que «no se comete ninguna ilegalidad» con la gestión de la situación.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, también subrayó que la decisión es «temporal» y «excepcional». Su homónimo en la Región, Francisco Bernabé, resaltó que «los protocolos se cumplieron con total efectividad».
