La Agencia de Protección de Datos ha sentenciado que la Consejería de Educación de la Comunidad infringió de forma grave la Ley Orgánica de Protección de Datos cuando publicó en la página web pública 'Educarm', en noviembre del pasado año, el documento nacional de identidad (DNI) y el número de cuenta de cerca de 400 profesores de la Región que habían conseguido un plus salarial de 400 euros por estar en posesión del título de Inglés B2.

La directora de la Agencia inició una investigación de oficio al conocer, a través de una noticia en LA OPINIÓN (así lo indica su propia resolución), que se había publicado en el portal oficial de Educación esta información personal y sensible de estos empleados públicos, algo que la Consejería atribuyó a «un error administrativo». El organismo estatal recibió también ocho denuncias que ponían de manifiesto que se enviaron emails corporativos informando de que se habían publicado los datos. UGT denunció en su momento que 20.000 docentes recibieron estos correos electrónicos.

De no haber sido un organismo público, la Comunidad hubiera podido recibir una multa de entre 40.000 y 300.000 euros, que es la sanción económica que se contempla en la Ley Orgánica de Protección de Datos para este tipo de infracciones graves. Por lo tanto, la resolución de la Agencia de Protección de Datos tiene más valor simbólico. Esta entidad informará de la infracción a la Defensora del Pueblo. La Comunidad puede acudir a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.

La resolución de la Agencia de Protección de Datos, en poder de esta Redacción, acusa a la Comunidad de «falta de diligencia» en este asunto, ya que «el manejo masivo de datos por parte de una administración pública ha de implementar un control en tal sentido, máxime teniendo en cuenta que el acceso a la web es universal, que se puede producir en cualquier momento y en cualquier lugar», señala el documento.