«Esto un fracaso de la Justicia que asumimos con amargura, aunque la responsabilidad es del Estado, por no proveer los medios suficientes».

Esta expresión del magistrado de la Audiencia Provincial, Abdón Díaz, resume la primera sesión del macrojuicio por la contaminación del río Segura, que arrancó ayer en el Palacio de Justicia de la capital murciana y que sienta en el banquillo a dos expresidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas y Antonio Nieto, a un excomisario de aguas, José Alemán, al exalcalde de Alcantarilla y actual responsable del Centro Integrado de Transportes, Lázaro Mellado,y al que fuera gerente de Emuasa José Luis Hervás, además de Román Garrido, un técnico de la empresa que realizó las obras de las depuradora en Murcia. Y es que el juicio comienza 18 años después de que se iniciara el procedimiento judicial, tras una denuncia de Izquierda Unida y la asociación ProRío, y más de ocho años más tarde de la finalización de la instrucción, que se llevó a cabo en el Juzgado Número Cuatro de Murcia.

Los letrados de la defensa se centraron en la primera sesión, durante la resolución de las cuestiones previas a la vista oral, en maniobrar para que se decrete el sobreseimiento de las acusaciones y ni siquiera se llegue a celebrar el juicio, pese a que hay previstas sesiones durante los próximos tres meses, en las que están citados para comparecer como testigos decenas de técnicos y antiguos dirigentes políticos, entre los que destaca el último alcalde socialista de Murcia, José Méndez, y también Juan José Padilla, quien también presidió el organismo de cuenca.

El más contundente fue Nicolás Valero, el abogado del Estado que ejerce la defensa de los exdirigentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, que se ampara en una sentencia firme de la Audiencia Provincial de Alicante, en su sede en Elche, para señalar que, en este caso, se puede aplicar el principio de «cosa juzgada», pues dicho tribunal ya dictó la absolución de sus defendidos en una causa judicial que emanó de el procedimiento que ahora se juzga en Murcia. «Esta sentencia establece como hecho probado que Antonio Nieto, Juan Cánovas y José Alemán cumplieron en todo momento la legislación vigente respecto a la contaminación del Segura», dijo el letrado del Estado, que apela al principio de seguridad jurídica y señala que «es imposible juzgarlos de nuevo por los mismos hechos», por lo que reclamó a la Audiencia que suspenda el juicio.

El abogado del Estado y el resto de defensas tuvieron también críticas hacia la instrucción, pues consideran que fue «una causa general» en la que no se identificaba a los autores concretos de los supuestos delitos. «Se ha producido una aleatoriedad de los acusados. Se juzga a estas personas por estar en el lugar inadecuado en el momento inadecuado», manifestó uno de los defensores. «Si alguien tiene constancia de que unas personas han violentado el Segura y lo han convertido en el río más contaminado de Europa, lo que tiene que hacer es señalar a las personas que han cometido ese delito y decretar medidas cautelares», indicó otro abogado.

Nicolás Valero criticó también que durante la instrucción se tomaron muestras de agua sin que las personas que podían verse afectadas por esa situación tuvieran conocimiento de ello y pudieran proponer pruebas contradictorias, afirmó. Recordó durante la vista el abogado del Estado que hoy en día el río Segura recibe premios europeos por ser «el río más regenerado de Europa».

El fiscal se lo piensa

Por su parte, el representante del Ministerio Fiscal, Miguel de Mata, también criticó la dilación injustificada que se ha producido en este procedimiento, avanzando que, en el caso de llegar a juicio, reducirá las penas que pedía en un principio para los acusados, aunque no concretó. De hecho, las condenas que pedía el Ministerio Público en su calificación eran bajas. La máxima pena de cárcel que solicitaba era de un año. El fiscal pidió una semana para valorar los planteamientos de las defensas. En cambio, el abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular, sí quiere que la vista continúe adelante y reclama mayores penas para los acusados.

De esta forma, un macrojuicio que lleva esperando 18 años podía disolverse como un azucarillo si el magistrado que preside el tribunal, Abdón Díaz, acepta el próximo lunes los argumentos de los abogados defensores y sobreseer las actuaciones.

Dos de los acusados murieron en la instrucción

El banquillo de los acusados de la sala de jurado de la Audiencia Provincial hubiera tenido dos asientos más si dos de los acusados en esta interminable causa, Luis Pérez de Séiquer, quien fue comisario de agua de la Confederación Hidrográfica del Segura, y Julio Muñoz Bravo, técnico de la empresa de la depuradora de Murcia, no hubieran fallecido durante la instrucción, que ha durado más de 18 años.

Los abogados también bromearon con la dilación judicial al evaluar las penas de inhabilitación que el fiscal solicita para varios acusados, pues muchos ya están jubilados y no se dedican a nada. «Como no sea inhabilitación para la jubilación», señaló el abogado del Estado, Nicolás Valero.