"Esto un fracaso de la Justicia que asumimos con amargura". Esta expresión del magistrado de la Audiencia Provincial, Abdón Díaz, resume la primera sesión del macrojuicio por la contaminación del río Segura, que ha arrancado este lunes y que sienta en el banquillo a dos expresidentes de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas y Antonio Nieto, así como al excomisario de aguas José Alemán, al exalcalde de Alcantarilla y actual geretne del Centro Integrado de Transportes, Lázaro Mellado, al antiguo gerente de Emuasa José Luis Hervás, además de Román Garrido, un empresario. Y es que el juicio comienza 18 años después de que se iniciara el procedimiento judicial y más de ocho años más tarde de la finalización de la instrucción.

Los letrados de la defensa se centraron esta mañana, durante la resolución de las cuestiones previas a la vista oral, a pedir que ni siquiera se celebre juicio, pese a que hay previstas sesiones durante los próximos tres meses. El más contundente fue el abogado del Estado que ejerce la defensa de los exdirigentes de la CHS, que se ampara en una sentencia firme de la Audiencia Provincial de Alicante para señalar que, en este caso, se puede aplicar el principio de "cosa juzgada", pues este tribunal ya dictó la absolución de sus defendidos en una causa judicial que emanó de el procedimiento que se juzga en Murcia. "Esta sentencia establece como hecho probado que Juan Cánovas y José Alemán cumplieron en todo momento la legislación vigente respecto a la contaminación del Segura", djo el letrado del Estado, que apela al principio de seguridad de jurídica y señala que "es imposible juzgar de nuevo a Cánovas y Alemán por los mismos hechos".

El abogado del Estado y el resto de defensas tuvieron también críticas hacia la instrucción, pues consideran que fue "una causa general", pues se inició tras una denuncia de IU por los hechos, pero sin señalar a sus autores concretos. "Se juzga a estas personas por estar en el lugar inadecuado en el momento inadecuado", manifestó uno de los abogados.

El fiscal, por su parte, propuso una rebaja de las penas (que ya eran de por sí bajas) para los acusados debido al tiempo que ha pasado para que se celebre el juicio. Criticó también la instrucción realizada ("no ha habido más de seis horas", declaró) y pidió una semana para valorar los planteamientos de las defensas.