La etapa de desarrollo urbanístico que vivió la Región desde principios de siglo hasta 2007 ha dado lugar a la apertura de numerosos procesos judiciales, que han llevado a los tribunales a decenas de cargos públicos de la Comunidad Autónoma y de los ayuntamientos.

El caso de la recalificación de la finca La Zerrichera de Águilas, en la que se proyectaba la construcción de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y varios campos de golf en unos terrenos protegidos, ha quedado visto para sentencia esta semana, pero hay varias causas abiertas en los tribunales que volverán a sentar en el banquillo a antiguos responsables políticos. Las investigaciones sobre proyectos urbanísticos como Novo Carthago en el Mar Menor o El Roblecillo en Caravaca, en los que hay varias decenas de antiguos cargos públicos imputados, han marcado la política regional durante el último lustro. Las investigaciones judiciales han obligado a dimitir a consejeros, directores generales y alcaldes, provocando un trasiego de ceses y nombramientos en las instituciones públicas. Algunos de los imputados aparecen encausados en la mayoría de los procesos.

Aunque estos proyectos no han llegado a ejecutarse, también hay obras paralizadas por orden judicial, como la construcción de la dársena deportiva de Puerto Mayor, en La Manga, que lleva doce años suspendida a la espera de que la Comunidad decida si es posible reiniciar el proyecto legalmente.

En el juicio de la Zerrichera, que comenzó el pasado 22 de septiembre y ha terminado esta semana, ha declarado cerca de medio centenar de testigos y peritos, que a lo largo de este mes y medio han dejado al descubierto las trampas utilizadas en la Administración para sacar adelante planes urbanísticos que traspasaban los límites de la legalidad.

El proceso judicial también ha puesto en entredicho la falta de mecanismos de control en las instituciones públicas para evitar los desmanes cometidos durante la etapa de mayoría absoluta del PP que han acabado en los tribunales.