Los abogados de los 5 ex altos cargos del Gobierno murciano juzgados en la Audiencia Provincial de Murcia por su intervención en la recalificación de la finca La Zerrichera, de Águilas, con protección medioambiental, para permitir construir 4.000 casas y un campo de golf, han defendido la legalidad de su actuación.
La nueva sesión de la vista oral que se inició el pasado 22 de septiembre comenzó ayer con la intervención del defensor de dos de los acusados, el exdirector general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado y la exdirectora general del Medio Natural Encarna Muñoz.
El fiscal Anticorrupción acusa al primero de recabar para sí la tramitación y gestión de la solicitud de recalificación de los terrenos solicitada por el Ayuntamiento de Águilas a instancias del promotor, el Grupo Hispania del empresario Trinitario Casanova, para que llegara a buen puerto.
A Muñoz la responsabiliza de haber reabierto el expediente cuando estaba ya archivado por el consistorio tras la negativa del Gobierno autonómico a la recalificación, por lo que sólo podía solicitar su reapertura el promotor.
El letrado de ambos, Aurelio Llanes, explicó durante la vista que en contra de lo expuesto por la fiscalía, ese expediente no estaba archivado y Muñoz se limitó a darle trámite para enviarlo al órgano competente para su estudio, por lo que no incurrió en delito.
«Su actuación fue absolutamente transparente, ya que remitió el expediente en su integridad» y si el fiscal llega a sostener que fue prevaricadora «es porque parte de premisas falsas», dijo.
En cuanto a Alvarado, el letrado sostuvo también su solicitud de absolución al señalar que tampoco incurrió en ilegalidad, ya que actuó siempre dentro de sus competencias y aplicó la normativa vigente.
Para el abogado, nunca existió confabulación ni conspiración para conseguir la recalificación de terrenos sin respetar los valores ambientales de la finca.
Y lamentó las dificultades con las que se ha encontrado para conseguir la declaración como testigos de funcionarios del Gobierno autonómico que podían haber apoyado su versión exculpatoria y que no han querido hacerlo «para no tener problemas con otros compañeros».
Un toque al fiscal
Un toque al fiscalAsimismo, el abogado defensor criticó la afirmación del fiscal que en su informe de hace dos días aludir a altos mandos del Gobierno murciano como los inspiradores de la recalificación por estar hecha sin pruebas «y sin haber traído a este proceso, que se inició hace diez años, a los posibles aludidos para que se pudieran defender».
Miguel Pardo y Francisco Martínez-Escribano, defensores de los otros tres acusados, José María Ródenas, exsubdirector general de Vivienda y Urbanismo; Alfonso Guerrero, exdirector general de la misma dirección general, y Juan Ignacio Sánchez, jefe del Servicio de Calidad Ambiental, han pedido también la absolución.
Tras esta última sesión del juicio, la magistrada Concepción Roig redactará la sentencia como ponente sobre el caso de presunta recalificación ilegal de la finca de 240 hectáreas declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), entre otras cuatro figuras de salvaguarda medioambiental. La finca está en el municipio costero de Águilas.
