El problema no eran «los bichos ni las matas» de La Zerrichera, sino sacar adelante la recalificación de los terrenos que ocupa la finca de Águilas en la que se proyectaba la construcción de 4.000 viviendas, un hotel y varios campos de golf, según planteó ayer el letrado de Anse, Ginés Ruiz Maciá, en el juicio contra los cinco ex altos cargos acusados. Ruiz Maciá y el representante legal de los socialistas Teresa Rosique y Francisco Oñate, Julio Pérez, destacaron en sus informes que los responsables de la operación urbanística «se saltaron el semáforo rojo de la CHS», a pesar de que el organismo de cuenca había emitido un informe en contra, al no existir caudales disponibles para garantizar el abastecimiento a la urbanización.
Los dos letrados de la acusación popular presentaron ayer sus informes en el juicio iniciado el pasado 22 de septiembre, que terminará esta semana. Unas cincuenta personas han prestado declaración como testigos o como peritos desde que comenzó la vista, hace ya casi un mes y medio. Entre hoy y mañana está previsto que presenten sus informes los letrados de la defensa.
Los acusados son el ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; Encarna Muñoz, ex directora general del Medio Natural; José María Ródenas, ex subdirector general de Vivienda y Urbanismo; Alfonso Guerrero, ex director general de Urbanismo; y Juan Ignacio Sánchez Gelabert, ex jefe del servicio de Calidad Ambiental. Todos están acusados de prevaricación, pero a Alvarado y Sánchez Gelabert se les imputa también un delito de falsedad y de 'falsedad ideológica', como responsables de la declaración de impacto ambiental elaborada sin contar con los informes necesarios de los técnicos de Medio Natural.
En sus exposiciones Ginés Ruiz y Julio Pérez mostraron su conformidad con las acusaciones formuladas la víspera por el fiscal Juan Pablo Lozano y destacaron especialmente el interés y la prisa por facilitar la recalificación de los terrenos de La Zerrichera, a pesar de que están calificados como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y de que se encontraban acogidos incluso al Programa LIFE de la UE. Los letrados de la acusación popular consideran especialmente significativo que los ex altos cargos que intervinieron en el proceso hicieran oídos sordos al «semáforo rojo de la CHS, que se saltaron todos», de acuerdo con las afirmaciones realizadas por el representante de la CHS.
«La decisión era aprobar, por eso se maquilla el procedimiento», indicó Ruiz Maciá, quien aseguró que todos los acusados «han colaborado» en «un plan preconcebido». Además, a Alvarado y Sánchez Gelabert se les considera responsables de la declaración de impacto ambiental enviada por fax al Ayuntamiento de Águilas la noche del 24 de octubre de 2005 (un día antes de que se hiciera oficial), que permitió aprobar en pleno el plan parcial de forma urgente. Recordaron igualmente que el ex secretario y el ex alcalde de Águilas Juan Ramírez reconocieron la existencia de presiones para que se aprobara el proyecto.
