Inmigración

"¿Qué ha de pasar para que haya más seguridad? ¿Que maten a alguien?"

Agentes de Policía y asociaciones humanitarias alertan de las deficiencias del CIE de Sangonera, de donde se fugaron 26 internos ya identificados

04.11.2017 | 21:19
"¿Qué ha de pasar para que haya más seguridad? ¿Que maten a alguien?"

Fueron llevados al CIE, tras entrar en la Región sin papeles, porque «bien tenían antecedentes por delitos o bien una orden de expulsión», explican fuentes cercanas. De ahí que los 26 internos que el pasado viernes por la noche se escaparon del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera estén identificados.

La Policía Nacional ya organizó un amplio dispositivo de búsqueda nada más producirse la revuelta y ahora tiene sus fotografías. Los fugados son todos varones y de origen argelino. Cuando sean localizados, volverán a ingresar en el CIE, un lugar en el que, por ley, una persona no puede permanecer más de sesenta días.

El centro está especialmente desbordado como consecuencia de la llegada masiva a la Región de Murcia de barcazas procedentes de las costas de África. El viernes, sin ir más lejos, personal de Cruz Roja atendía en apenas 16 horas a 284 personas procedentes de 26 pateras que arribaron a la ciudad de Cartagena.

Sindicatos policiales y asociaciones humanitarias alertan desde hace tiempo de que las condiciones de seguridad del CIE dejan que desear. Este lugar, pese a tener rejas, no es una prisión propiamente dicha, aunque las personas allí internadas no tengan papeles en España. Esta especie de limbo legal hace que se cuestione la eficacia de estos centros, cuyo cierre se ha pedido de forma reiterada por parte de organizaciones no gubernamentales.

«No sé lo que tiene que pasar. No tiene sentido que no se estén tomando medidas, ¿a nadie le preocupa? Ni hay un dispositivo preparado para las llegadas ni nadie explica cómo piensan abordar esto», denuncia Juan Guirado, portavoz del colectivo Convivir sin Racismo.

En la misma línea se muestran varios agentes, que llegan a preguntarse si es necesario «que muera alguien» en una revuelta para que el Ministerio tome cartas en el asunto. Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Murcia ya alertaban, tras los motines de 2016, de las carencias de seguridad del CIE.

Al tratar de impedir la fuga del viernes, nueve agentes de Policía y seis internos sufrieron contusiones, aunque ninguno tiene lesiones graves. Les atendieron in situ los sanitarios desplazados en dos ambulancias mandadas por el Centro de Coordinación de Emergencias a la puerta del CIE.

El delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, valoró ayer «la profesionalidad» con la que actuaron los policías en el motín, e informó de que se ha dado cuenta a la autoridad judicial de lo sucedido. Sánchez-Solís confirmó que el motín tuvo lugar durante la cena, cuando un grupo de internos bloqueó la puerta del comedor para que no entrasen policías.

Varios de los inmigrantes rompieron la reja que separa la cocina del comedor, salieron al patio y al final lograron saltar la valla y salir. Algunos de ellos lo hicieron con utensilios de cocina que habían cogido del mismo centro.

En el Centro de Internamiento de Extranjeros de Murcia se vive «una situación humanitaria que necesita de una intervención clara del Gobierno de España», tiene claro Juan Guirado, del colectivo Convivir sin Racismo.

Desde esta organización humanitaria llevan tiempo alertando de «la situación de excepción» que se vive en el CIE de Sangonera, un centro en el que cabrían 138 personas, pero actualmente sólo pueden entrar 116. El motivo es que dos de las estancias que fueron destrozadas en los motines que tuvieron lugar el año pasado aún no han sido habilitadas, y allí no puede quedarse nadie.

Según la asociación, faltan en Sangonera «profesionales y materiales». En sus últimas visitas, destaca Guirado, «no hemos observado una especial situación de tensión, pero sí la desazón que produce que haya mucha gente».
En este sentido, los internos ven que, por ejemplo, «no pueden contactar con su abogado», o que «las pastillas que toman no se las suministran». La desazón, resalta Guirado, da lugar a un «efecto contagio» que acaba en ocasiones, como el viernes, en revuelta.

«Es lamentable que los funcionarios tengan que pagar por esto», subraya el portavoz del colectivo, al tiempo que denuncia que «están llegando cada vez más pateras y a la Delegación del Gobierno en Murcia parece que esto no le importa».

A algunos extranjeros que llegan en las barcazas, declara Guirado, «los ponen directamente en la calle». Esto se hace, en ocasiones, de modo aleatorio. «Imagina qué siente la persona a la que le toca entrar al CIE, mientras ve que otra va a la calle», apuntan desde la organización humanitaria, que ha pedido en reiteradas ocasiones el cierre de este tipo de instalaciones en toda España.

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