La Comunidad ha tenido que sortear todo tipo de obstáculos durante los últimos cinco años para poder llegar a la fase final del concurso que permitirá poner en funcionamiento el aeropuerto de Corvera seis años después de la terminación de las obras. Primero se enfrentó a los intentos de dilación de la anterior concesionaria, la sociedad Aeromur, constituida por Sacyr y un grupo de empresarios murcianos, además de Cajamurcia y la CAM, cuya participación pasó al Banco Sabadell. La compañía que había promovido el aeropuerto y que se adjudicó la concesión para construirlo y explotarlo en 2007 terminó las obras a principios de 2012, pero empezó a dejar pasar el tiempo sin poner en marcha los trámites para poder abrirlo, recurriendo a los tribunales cada requerimiento y cada paso que daba el Ejecutivo para obligarle a cumplir el contrato. El golpe definitivo llegó cuando dejó de pagar el crédito sindicado de 182 millones invertido en la obra, cuya financiación tuvo que asumir la Comunidad.

El propósito de Aeromur era conseguir que el Gobierno le concediera un crédito participativo para amortiguar las posibles pérdidas que preveía en los primeros años de gestión, debido a la competencia de San Javier y a la caída del número de pasajeros que llegan a la Región por vía aérea. Las desavenencias llevaron a la Consejería de Obras Públicas a recurrir a la Guardia Civil para conseguir las llaves en septiembre de 2013, lo que dio lugar a un largo proceso judicial, con una decena de pleitos , parte de los cuales siguen todavía sin resolver.

Tras múltiples intentos de negociación promovidos por los socios murcianos de Aeromur, entre los cuales figuran los grupos Fuertes y Terrazos el Pilar, en febrero de 2014 la Comunidad pidió la autorización de Bruselas para el crédito participativo que reclamaba la anterior concesionaria para resolver el conflicto. A partir de entonces Aeromur empezó a tramitar las autorizaciones necesarias para poner en marcha el aeropuerto de Corvera. Se subsanaron las dificultades técnicas que planteaba el encaje de los vuelos civiles dentro del espacio aéreo militar y se consiguió la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), pero la luz verde para el inicio de los vuelos coincidió con la negativa de Bruselas a la financiación adicional que pedía Aemur, lo que supuso la cancelación definitiva del contrato y la vuelta a la casilla de salida.