La Comunidad Autónoma responde a los sindicatos que Murcia está obligada a cumplir lo que digan los Presupuestos Generales del Estado, dado que todas las instituciones públicas deben seguir las instrucciones establecidas por el Gobierno central.
El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, que en este momento está elaborando las cuentas de la Comunidad Autónoma para 2018, que quiere presentar en la Asamblea Regional este mes, deja claro que no tiene más alternativa que aplicar «lo que determine el Gobierno en cuanto a las retribuciones básicas de los empleados públicos».
Carrillo recuerda que está «trabajando en el presupuesto y se incluirá lo que determine el Estado». Precisa que «el presupuesto está sin cerrar. Ahora mismo se está trabajando en el techo de gasto y aún queda por celebrar la Mesa General» de la Función Pública, que se reunirá la próxima semana, antes de la presentación del proyecto de ley. «Hay que dar pasos previos en los que estamos trabajando», añadía Carrillo.
El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular también tratan de conseguir el apoyo necesario para sacar adelante las cuentas de 2018 en la Asamblea Regional, tal y como demuestra la negociación mantenida con Ciudadanos sobre la ampliación del plus de la carrera profesional a 4.500 empleados del Servicio Murciano de Salud que aún no están cobrando este complemento salarial.
La reacción de las comunidades autónomas ante la congelación salarial que la prórroga del Presupuesto de 2018 impone a las administraciones públicas está siendo desigual. De momento, se han pronunciado ya varios gobiernos autonómicos que no son del PP.
Así, la Junta de Andalucía ya ha solicitado al Gobierno central que articule algún tipo de norma legal capaz de permitir a las comunidades autónomas la aplicación de la subida del 1,5% que el Ministerio de Hacienda había ofrecido a los funcionarios para 2018.
Por su parte, el Gobierno vasco ha anunciado su intención de aplicar el próximo año la subida del 1,5%. El Ejecutivo de Urkullu no ve la posible prórroga de los presupuestos del Estado como un elemento determinante que impida la revisión salarial.
