Las expectativas de subida salarial de al menos el 1,5% que los 85.000 funcionarios de la Región tenían para el próximo año se han visto truncadas. Tras las negociaciones mantenidas por los sindicatos con el Ministerio de Hacienda, esperaban que en 2018 podrían conseguir un aumento de sueldo que les permitiera empezar a recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de la crisis, pero en este momento temen que la coyuntura se traduzca en una nueva congelación. La falta de apoyo a los Presupuestos Generales del Estado hace prever que el Gobierno tendrá que prorrogar las cuentas de este año, lo que aleja las esperanzas de revisión para los empleados de los ayuntamientos, la Comunidad Autónoma y la Administración del Estado.

Los sindicatos habían adelantado que consideraban insuficiente el 1,5% que ofrecía Montoro, por lo que no se descartan movilizaciones de protesta. Para 2019 la subida sería del 1,7%, mientras que en 2020 se elevaría al 2%. El incremento hasta el 8% en este trienio se materializaría en función del crecimiento de la economía española, una fórmula que hasta ahora no se había aplicado en la negociación salarial.

Anpe ha dado la voz de alarma después de que el Gobierno haya remitido a la Comisión Europea un documento en el que no aparece la subida ofrecida por Cristóbal Montoro a los sindicatos y se niega a aceptar que la falta de presupuesto sirva como «excusa».

Según la información que ha avanzado este sindicato, «el Ejecutivo explica que al no haber cuentas públicas renovadas para el siguiente curso, el salario de los empleados públicos no se moverá a pesar de que el Ministerio de Hacienda estaba negociando con los sindicatos un alza del 1,5% para 2018. Asimismo, el informe también detalla una subida de las pensiones del 0,25%, la mínima establecida por la ley».

El Gobierno de Mariano Rajoy contaba con sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018 con el voto del PNV, pero el conflicto catalán ha desanimado a los nacionalistas vascos, que han preferido no aparecer en este momento como socios del PP.

Si el Ejecutivo vuelve a quedarse solo, tal y como ocurrió el pasado año, Rajoy no tendrá más remedio que prorrogar las cuentas de 2017 en el próximo ejercicio, lo que se traduciría en una nueva congelación salarial.

Los 85.000 funcionarios de la Región, 50.000 de ellos de la Comunidad Autónoma, han percibido una subida del 1% en 2016 y 2017, después de cinco años de congelación impuesta por los recortes.

Este año estuvieron a punto de quedarse sin subida, aunque el PP logró sacar adelante las cuentas el pasado mes de junio, lo que permitió empezar a aplicar la revisión del 1% a partir de julio. Los atrasos acumulados entre los meses de enero y junio se abonaron en verano mediante una paga adicional que los empleados públicos cobraron con la nómina de julio.

Pese al acercamiento al PSOE que se ha producido a raíz del conflicto catalán, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la Región, Antonio Martínez Peñaranda, ve difícil que los socialistas apoyaran las cuentas del Estado para 2018, dado que «el PP no está presentando un plan de gasto social capaz de llegar a los más desfavorecidos». A su juicio, «una cosa es evitar la fragmentación de España» y otra muy distinta avalar los presupuestos.

Los sindicatos recuerdan que su pretensión en las negociaciones con Montoro era recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis, que las organizaciones cifran entre el 12% y el 25%.

Anpe, por su parte, sostiene que «el Gobierno y la oposición tendrían que aparcar sus diferencias y hacer el esfuerzo de acordar unos presupuestos que permitan avanzar en la senda de la recuperación económica y social que redundaría en beneficio de toda la sociedad».

También CC OO anunciaba esta misma semana una campaña destinada a recuperar los salarios y los derechos adquiridos recortados durante los años de la crisis, que se iniciará con una fase de información en los centros de trabajo. El secretario general del sindicato en Murcia, Santiago Navarro, que compareció junto a los responsables de las federaciones del sector público para dar a conocer la campaña '¡Vamos a recuperar lo arrebatado!', alertó de que CC OO está dispuesto a movilizar a los funcionarios si su iniciativa no obtiene la respuesta que esperaban en la mesa de negociación.