La presidenta de Thader se lamenta de que las familias de la Región soportan los recibos más costosos de España, por lo que vota en contra cada vez que llega una propuesta de subida al Consejo Regional de Precios, el órgano consultivo de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, en el que se sienta como representante de los consumidores. «No vamos a votar a favor de que se discrimine al consumidor final, que gasta solo el 15%, mientras que el resto va destinado a empresas y explotaciones industriales», explica.

Añade que las subidas de precio se justifican muchas veces como un intento de contener el consumo en los hogares, pero Juana Pérez no considera que el precio del agua resulte disuasorio. «No creo que ningún hogar de la Región deje escapar una gota de agua» después de tantos años de carestía, asegura.

También los sindicatos votan en contra de las subidas que se proponen. El representante de CC OO en el Consejo Regional de Precios, Rafael de San Eustaquio, acusa a las empresas concesionarias de utilizar todo tipo de argucias para que las revisiones pasen desapercibidas y sean aprobadas sin oposición, a sabiendas de que «un repunte de unos pocos céntimos en el recibo de miles de vecinos supone mucho dinero en la cuenta de resultados». De San Eustaquio añadía que en muchos casos se mantiene estable el precio del agua consumida, pero se suben las cuotas fijas incluidas en las tarifas.

El representante de CC OO, que fue concejal del Ayuntamiento de Murcia con IU en los años 80, también acusa a las concesionarias de engrosar sus gastos para presionar a los ayuntamientos, «aunque en la mayoría de los casos tienen las concesiones de varios municipios cercanos y los atienden con el mismo personal y los mismos medios».

Sostiene igualmente que los consistorios acaban accediendo a las pretensiones de las compañías operadoras, dado que o bien cobran un canon o reciben unos ingresos de las sociedades que gestionan el agua, con los cuales se ayudan a financiarse en momentos de grandes dificultades económicas. Como ejemplo de la falta de control, el representante sindical remite a las denuncias presentadas por el concejal de Ganemos Murcia Nacho Tornel, que hace varios meses acusaba al ayuntamiento de la capital de no haber sometido las cuentas de Emuasa de 2016 a los controles de la Intervención municipal, aduciendo que ya habían sido auditadas por una firma privada y que no era necesario.

Por su parte, Hidrogea defiende que «el 40% de las tarifas que pagan los murcianos está determinado por el coste del agua del Taibilla, que cobra 70 céntimos por metro cúbico a los ayuntamientos, mientras que en el caso de Oviedo cuesta diez veces menos». Añade que al precio de los cuales hay que sumar los demás costes y «el beneficio industrial».

La compañía justifica la necesidad de invertir en la renovación de las tuberías para evitar las fugas en la red, «porque obligarían a comprar más agua». Un portavoz de Hidrogea precisó que en Murcia estas pérdidas se han reducido al 10%, mientras que en comunidades donde sobra el agua alcanzan el 50 por ciento, porque no son un problema.