El presidente nacional del sindicato de prisiones Acaip, mayoritario a nivel nacional y en la Región, José Luis Pascual, junto al secretario general y el coordinador autonómico de Murcia, Fran Mauri, se personaban durante la mañana de ayer en el Juzgado Número 1 de Mula, citados para ratificarse como acusación particular en el procedimiento judicial abierto contra el ex director de la Prisión Murcia II en Campos del Río, Felipe José Burgos Fernández, por el suicidio de un recluso en febrero de este año.

Así, el Juzgado de Mula, tras aceptar la ratificación de Acaip, ha fijado para el próximo 17 de noviembre la vista en la que deberá comparecer el ex director de Murcia II, Felipe José Burgos, que fue cesado por el Ministerio del Interior, y donde se esclarecerán los hechos denunciados por el sindicato de prisiones, que recalcan la falta de responsabilidad del director frente a un aspecto tan destacado como es el mal trato continuado a los presos.

Según Pascual, la investigación viene propiciada «por los constantes tratos vejatorios del ex director a internos del centro y el mal trato al personal laboral de la prisión, en la mayoría de los casos innecesarios, ya que siempre hemos defendido que los internos están privados de libertad pero no de otros derechos». En este sentido explicaba que Burgos daba a los internos un trato «de tiempos pretéritos» e innecesario lo que «derivó en la muerte de un interno que podía haberse evitado si se hubiera hecho caso al personal funcionariado de la prisión y a los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria».

El hecho en cuestión por el que Burgos Fernández es investigado sucedió el pasado mes de febrero, cuando un recluso aparecía ahorcado en su celda en situación de aislamiento, medida que había sido adoptada por el responsable de la cárcel debido a que el interno habría sufrido amenazas de muerte por una deuda de drogas, según se derivaba en aquellos momentos. Al parecer, el recluso había intentado quitarse la vida unos meses antes y se había infringido autolesiones en anteriores ocasiones, habiendo formado parte del programa de Prevención de Suicidios. Cinco días antes de morir, habría solicitado formalmente el cese de su situación de aislamiento, sin obtener respuesta por parte de la dirección del centro penitenciario.

Según relataba el Juzgado de Vigilancia penitenciaria, en este caso «se omitió el protocolo de actuación a seguir en la aplicación de la limitación regimental de aislamiento en celda» al preso fallecido, pues se entiende que el director «no recabó los informes del médico y el psicólogo, informes que hubieran podido permitir, en su caso, la inclusión del interno en el Programa de Prevención de Suicidios y adoptar las medidas necesarias para evitar su aislamiento en celda». Tampoco en esta etapa en la que estuvo solo en su habitación consta que recibiera visitas del psicólogo, el facultativo o el educador, dictaminaban. «Sin duda, esta sucesión de omisiones atribuibles a la dirección del establecimiento penitenciario Murcia II reflejan una indebida inobservancia de las prevenciones establecidas».