Los expertos que en los últimos días han tratado de calibrar los efectos que la independencia de Cataluña tendría sobre la economía han puesto la lupa especialmente en las pensiones y en las consecuencias que habría para la Seguridad Social la ruptura de la llamada caja única. También se han aportado cálculos sobre los efectos que la desconexión en el PIB de España y de Cataluña, aunque en la práctica resulta muy difícil calibrar cómo repercutiría el impacto psicológico de la secesión. La fuga de los bancos y de las grandes compañías que en los últimos días han cambiado de sede social es un ejemplo de las consecuencias que acarrearía a uno y otro lado de la frontera, aunque las entidades que han optado por trasladarse tienen intención de mantener sus servicios centrales en Cataluña, lo que supone que sus grandes centros de producción no emigrarían, al menos por el momento.
Por otra parte, los transportistas murcianos que el pasado martes quedaron bloqueados en las carreteras catalanas a causa de la huelga general vivieron un anticipo de los problemas que llegaría a suponer la independencia. Los cortes de tráfico que a lo largo de la jornada se registraron en la AP-7 en torno a la ciudad de Barcelona y en la provincia de Lérida dejaron patentes las dificultades que encontrarían en su camino hacia Francia si la frontera con el extranjero se situara en Vinaroz, la población castellonense que limita con Tarragona. Mientras tanto, los Mossos d'Esquadra miraban para otro lado, según apuntaba el presidente de la patronal del transporte Froet, Pedro Díaz. La movilización puso en evidencia las dificultades añadidas que encontrarían las exportaciones murcianas si tuvieran que atravesar otro país más para llegar a su destino, que podría establecer sus propios peajes y aranceles.
