El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, cree que la decisión del Banco Sabadell de trasladar su sede social de Barcelona a Alicante cortará «la salida de depósitos» de clientes murcianos que se estaba produciendo en los últimos días. El responsable de Economía del Ejecutivo destacó que el acuerdo adoptado ayer por la entidad catalana que adquirió la antigua Caja del Mediterráneo (CAM) pondrá fin a «la sangría» provocada por la inseguridad que generan los planes de independencia del Govern. A su juicio, las pretensiones de los partidos separatistas van a quedar truncados, entre otras razones «porque la Generalitat ha iniciado una guerra política sin tener recursos financieros para afrontarla»

Juan Hernández precisó que el número de clientes que estaban retirando sus depósitos del Banco Sabadell en la Región no resulta elevado, aunque se trata de impositores que tenían sumas «importantes» en la entidad. Consideró que el consejo de administración del Sabadell ha tomado la decisión más acertada y dijo que a partir de ahora «nadie tiene que tener miedo, ningún cliente ni ningún impositor debe temer por el dinero que tienen depositado en el Sabadell». Al mismo tiempo, mostró su confianza en que «esas cantidades se restituyan en los próximos días», dado que la entidad seguirá estando bajo el paraguas del Banco Central Europeo, mientras que los bancos con sede en Cataluña no tendrían esta cobertura que da la regulación europea a los accionistas y a los clientes.

Por otra parte, Hernández defendió ayer que no quiere perjudicar a las empresas catalanas que se mantienen fieles al «orden constitucional». En una rueda de prensa tras la firma de un acuerdo con el fondo de inversión de Miami BdeG, explicó que Murcia no va a aprovecharse de forma «oportunista» de las firmas que se plantean dejar Cataluña ante la amenaza de secesión para animarles a instalarse en la Región.

Dejó claro que no va a colaborar para que, «además de padecer la situación de inestabilidad, la situación tan complicada que se ha generado como consecuencia de las decisiones políticas que ha tomado la Generalitat, puedan verse perjudicadas. Estamos con las empresas que se mantienen fieles al orden constitucional. Bastante complicada es ya su situación», indicó. Explicó que, pese al deseo del Ejecutivo de atraer a las empresas dispuestas a instalarse en la Región, la Comunidad «no quiere que se vean perjudicadas aún más porque los españoles seamos oportunistas».