La declaración del ex director general de Urbanismo Manuel Alfonso Guerrero ponía fin ayer a los interrogatorios de los cinco ex altos cargos acusados por la recalificación de la finca La Zerrichera de Águilas. En el juicio en la Audiencia Provincial Guerrero explicó que se limitó a trasladar al entonces consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, el expediente recopilado por el subdirector de Urbanismo, José María Ródenas, y que, pese a haber recabado varios informes técnicos sobre la modificación urbanística solicitada por el Grupo Hispania para construir una urbanización con 4.000 viviendas, un hotel y varios campos de golf en terrenos protegidos como LIC y ZEPA, no recibió ningún pronunciamiento en contra, a pesar de que el debate había llegado a la Asamblea Regional.

Tras la declaración de los cinco acusados, ha quedado patente que expertos de las universidades de Murcia, Almería y la Politécnica de Madrid y al menos una decena de direcciones generales y técnicos de la Comunidad a los que se solicitaron informes no vieron reparos a la urbanización de La Zerrichera, pero nadie llegó a recabar la opinión de los ingenieros de Montes o los especialistas de Medio Natural, después de que cayera en el olvido un informe en contra del ex director general Carlos Brugarolas, que provocó el archivo inicial del proyecto.

La única consulta la hizo el ex director de Calidad Ambiental Antonio Alvarado, que dio un plazo de 24 horas a Medio Natural para que se pronunciara sobre la declaración de impacto ambiental, advirtiendo de que el 'silencio' sería positivo.

La versión ofrecida por los acusados deja patente que, después de que se acabara la declaración de impacto ambiental positiva y de que Alvarado la enviara al alcalde de Águilas un día antes de su aprobación oficial, todos los departamentos por los que fue pasando la propuesta de recalificación ignoraban el informe en contra de Carlos Brugarolas, mientras que añadían informes jurídicos favorables.

Manuel Alfonso Guerrero, que fue el único alto cargo dispuesto a contestar a las preguntas de las acusaciones del PSOE y de las organizaciones ecologistas, explicó que él se dirigió a la secretaría general de la Consejería de Medio Ambiente para recabar informes concluyentes sobre el proyecto cuando empezaron a producirse denuncias de la oposición. Añadió que Obras Públicas también solicitó un informe al profesor de Derecho Administrativo de la UMU José Antonio López Pellicer, el tercero que aportaba una institución académica, dado que expertos de las universidades de Almería y de la Politécnica de Madrid habían aportado sendos dictámenes sobre la compatibilidad del proyecto con la preservación de los valores naturales de la finca La Zerrichera, que forma parte del espacio protegido de la Sierra de Almenara, por encargo de Hispania.

En la quinta sesión del juicio que está celebrando la Audiencia Provincial el ex director de Urbanismo ni siquiera consideró que el informe de la CHS en el que se negaban los caudales para suministrar agua potable a las 4.000 viviendas que proyectaba el Grupo Hispania fuese contrario al nuevo desarrollo urbanístico, al entender que el organismo de cuenca remitía la solución al futuro Plan AGUA, que aportaría caudales desalados.