El exalcalde de Águilas Juan Ramírez pudo saber con antelación cuándo iba a tener en su poder la declaración de impacto ambiental de La Zerrichera e intentó convocar el pleno municipal para aprobar la recalificación antes de recibir la documentación. Ese mismo día, el 24 de noviembre de 2005 por la noche, recibió la copia de la declaración de impacto ambiental de los terrenos propiedad del Grupo Hispania calificados como LIC y ZEPA, que le envió el exdirector de Calidad Ambiental Antonio Alvarado por fax.
El que era secretario municipal, José Luis Pascual, declaró ayer que había advertido al regidor aguileño de que era necesario disponer de la documentación que estaba tramitando la Comunidad Autónoma antes de poner en marcha la convocatoria oficial del pleno.
Ambos han prestado declaración este martes como testigos en el juicio contra cinco ex altos cargos de la Comunidad Autónoma que intervinieron en la reclasificación urbanística de la finca. El exalcalde de Águilas había estado imputado inicialmente en la investigación, pero fue exculpado.
Tal y como había reconocido el propio Antonio Alvarado en su declaración, el día antes de que fuese notificada oficialmente a la Dirección General de Urbanismo la declaración de impacto ambiental de La Zerrichera le mandó una copia por fax al exregidor de Águilas, que convocó un pleno con carácter urgente para recalificar la finca en la que el Grupo Hispania pretendía construir una urbanización con 4.000 viviendas, un hotel y varios campos de golf.
El exdirector general de Calidad Ambiental había asegurado que le envió la copia extraoficialmente a Juan Ramírez «por lealtad institucional», aunque el documento fue registrado en el Ayuntamiento para convocar el pleno extraordinario.
La corporación municipal de Águilas aprobó la recalificación, pero el trámite urbanístico del plan parcial de La Zerrichera fue suspendido varios meses después, al aplicarse un directiva europea que establecía nuevos requisitos para modificar el uso de espacios protegidos.
En el juicio, que se inició el 22 de septiembre y durará hasta el 9 de noviembre, han declarado con anterioridad los cinco ex altos cargos acusados: Antonio Alvarado, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, Encarnación Muñoz, José María Ródenas y Manuel Alfonso Guerrero.
