Cuatro leyes regionales se han quedado en el camino o han sido recurridas en apenas diez meses. Tres de los textos legislativos que se han visto truncados después de estar en vigor habían sido elaborados por el Ejecutivo regional. Se trata de la Ley de Energías Renovables aprobada en 2015, que fue anulada por el Constitucional en diciembre de 2016 a raíz de un recurso del Ministerio de Industria; la de simplificación administrativa, que fue recurrida por el PSOE tras su convalidación, y el decreto de las ITV, que fue rechazado el pasado mes por la oposición en la Asamblea Regional, dejando un complejo escenario, que llevará a los empleados de las estaciones de servicio a iniciar una nueva huelga a partir de este lunes. También ha encallado en el Constitucional la Ley de Vivienda, que fue promovida por los grupos de la oposición en la Asamblea Regional, pero tropezó con la desaprobación del Gobierno central.

La pérdida de la mayoría absoluta que el PP había mantenido en la Asamblea Regional desde 1995 hasta 2015 está produciendo sobresaltos sin precedentes al Gobierno murciano, que desde diciembre del pasado año ha visto decaer leyes con las que ha pretendido dar un cambio de rumbo a la Administración regional, aunque el Ejecutivo también ha tenido que enfrentarse al rechazo de Madrid a la supresión del peaje al autoconsumo eléctrico en la Región.

Hasta ahora la experiencia más traumática para el Gobierno había sido la anulación de la disposición octava de la Ley del Suelo de 2001, que devolvía a los parques naturales los límites anteriores y desmantelaba proyectos emblemáticos de la Comunidad, como Marina de Cope o Paramount.

Aunque la reforma de la Ley de Energías Renovables fue aprobada por el Gobierno que presidía Alberto Garre en el año 2015, la aspiración de eliminar el peaje al autoconsumo en la Región fue asumida por su sucesor, Pedro Antonio Sánchez, y contaba con el respaldo de los grupos de la oposición y de los empresarios del sector. Sin embargo, la norma quedó anulada en diciembre de 2016 por el Constitucional, que truncó las expectativas de desarrollo de la energía fotovoltaica y generó una gran frustración.

El Constitucional tendrá la última palabra sobre el recurso del PSOE contra la llamada ´declaración responsable´, el mecanismo introducido en la Ley de Simplificación Administrativa para agilizar la apertura de negocios. Los socialistas consideran que la norma murciana «permite, por ejemplo, abrir una granja con 1.000 cerdos sin cumplir previamente los trámites que exige la Ley de Protección Ambiental». Sostienen igualmente que contraviene la legislación estatal del silencio administrativo.

El Constitucional también está mirando con lupa la Ley de Vivienda presentada en 2016 por el PSOE y Podemos, que fue recurrida por el Gobierno central. Tras la suspensión cautelar de parte del texto legislativo, el Tribunal se ha pronunciado a principios de septiembre para mantener la suspensión de los apartados 10 y 11 del artículo 1, que establecen «mecanismos destinados a resolver las situaciones de sobreendeudamiento de personas físicas y de familias, por causas sobrevenidas, especialmente en lo relativo a las deudas derivadas de la vivienda habitual, mediante un procedimiento de mediación extrajudicial». Sin embargo, levanta la suspensión sobre el apartado 2 del artículo segundo de esta norma, que obliga a los grandes tenedores de viviendas, como los bancos, a formular una oferta de alquiler social previa al desahucio y se fijan medidas para garantizar el suministro de agua, gas y electricidad en casos de pobreza energética, informó Efe.

Finalmente, la Asamblea Regional ha tumbado a principios de septiembre el decreto del Gobierno que pretendía regular las nuevas condiciones de prestación del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Región, ampliando el número de estaciones hasta las 18. PSOE y Podemos rechazaban la privatización de la ITV de Alcantarilla, la única que seguía siendo pública, mientras que Ciudadanos exigía una mayor liberalización. La Consejería de Empleo, Universidades y Empresas trata de buscar ahora una salida para resolver la situación, dado que en ausencia de una ley regional debe aplicarse la legislación estatal, que establece una mayor liberalización.