Los intentos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Águilas por sacar adelante la urbanización con 4.000 viviendas, hoteles y campos de golf que el Grupo Hispania pretendía hacer en la finca La Zerrichera de Águilas acabaron chocando contra la Ley de Aguas. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, recordó ayer en el juicio contra cinco ex altos cargos que intervinieron en la recalificación de los terrenos calificados como ZEPA y LIC que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) había negado al Consistorio la autorización por falta de caudales para el abastecimiento de agua potable. Según las cifras que apuntó el fiscal, la ejecución habría supuesto un aumento de 11.300 personas en el municipio, «el 30% de la población de Águilas», que cuenta con unos 35.000 habitantes.

En la cuarta jornada del juicio estaba prevista la declaración de tres de los cinco acusados, pero la mañana solo dio para los interrogatorios de Juan Ignacio Sánchez Gelabert, que era jefe de servicio de la Dirección General de Calidad Ambiental y presidía la comisión que aprobó la declaración de impacto ambiental de La Zerrichera; y José María Ródenas, ex subdirector de Urbanismo. Queda pendiente la declaración del ex director general de Urbanismo Manuel Alfonso Guerrero, que será interrogado el lunes.

José María Ródenas trató de defender la aprobación del expediente de La Zerrichera en la dirección general de Urbanismo aduciendo que, pese a incumplir el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, la CHS dejaba abierta la puerta a la autorización del proyecto en el futuro, cuando estuvieran disponibles los caudales procedentes de la desalación, por lo que entendía que «la respuesta era positiva». Ródenas apuntó incluso que estas consideraciones se habían atendido en el caso El Roblecillo, otra causa por presunta corrupción urbanística en Caravaca, en la que también está encausado el exalto cargo de la Comunidad.

Sin embargo, la presidenta del Tribunal, la magistrada Concepción Roig, mostró su disconformidad y anunció su deseo de escuchar al que era entonces comisario de Aguas de la CHS, Manuel Aldeguer.

El fiscal precisó que también Ordenación del Territorio había advertido sobre la ausencia del informe de la CHS.

Asimismo, Ródenas argumentó que los terrenos de La Zerrichera no podían considerarse como suelo no urbanizable protegido, porque el PGOU de Águilas vigente en aquel momento era el de 1993, que no contemplaba esta figura, a pesar de que la finca tenía ya la calificación de ZEPA y LIC de la UE. A su juicio, solo era «suelo no urbanizable».

El fiscal sostuvo que solo un 10% de la finca podía considerarse deteriorado por las roturaciones, mientras que el resto había conservado en buen estado los valores naturales, de acuerdo con los informes aportados, y acogía especies en peligro de extinción, como el águila perdicera. Apuntó además que la declaración de impacto ambiental solo protegía «barrancos, roquedos y ramblas». Ródenas y Gilabert defendieron que modificar la calificación urbanística de los terrenos no implicaba la autorización de las 4.000 viviendas, asegurando que el uso no se concreta hasta que se aprueba el plan parcial. También coincidieron en admitir que ni Urbanismo ni Calidad Ambiental tenían ingenieros de montes ni técnicos en medio ambiente. «Qué más quisiera yo que alguien me hubiese dicho: 'Aquí no se puede hacer nada'», indicó Gelabert. También contó que el ex director de Calidad Ambiental Antonio Alvarado le encargó evaluar las repercusiones del cambio de uso de La Zerrichera.