«No nos corresponde a los jueces hablar de política, pero sí de lo que atañe al Estado de Derecho», destacó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, en su discurso de apertura del Año Judicial, que tuvo lugar este viernes en Caravaca de la Cruz. Y lo dijo a propósito del desafío soberanista que se vive en Cataluña.

La Plaza del Arco de la Ciudad Santa, que celebra su Año Jubilar, fue escenario, por primera vez en su historia, de este acto solemne, que contó con la presencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

El jefe del Ejecutivo regional, que vive su primera apertura de Año Judicial en el cargo, hizo declaraciones a los periodistas al comienzo del evento, y también se refirió a la cuestión catalana. El dirigente popular hizo hincapié en la importancia de que exista «un poder judicial independiente, tal y como lo estamos viendo en Cataluña, para que se respete la ley y el Estado de Derecho». Del Riquelme y López Miras coinciden, de esta manera, en elogiar la labor de jueces y fiscales, frente a críticas de políticos, en el ámbito nacional, que desde hace semanas censuran «la judicialización» del desafío soberanista.

Asimismo, el presidente de la Región apuntó sobre el acto que «es un acierto celebrarlo en Caravaca, promocionando el Año Jubilar». También hizo suyas «las reivindicaciones del TSJ», ya casi históricas, como que «se aceleren las obras del Palacio de Justicia de Lorca» o «que haya más fiscales».

Una vez en la sala en la que tuvo lugar el evento, Pasqual del Riquelme recordó que se trata de «un acto al que cada Tribunal Superior de Justicia ha convocado en su respectivo territorio tras la solemne apertura del año judicial a nivel nacional el pasado día 4 por Su Majestad el Rey en el Tribunal Supremo».

Recordatorio que este año cobra especial importancia, dadas las circunstancias y con el referéndum convocado para mañana en boca de todos. Y es que, como especificó Del Riquelme, «esta sucesión de actos, en su secuencia y despliegue territorial, simboliza cada mes de septiembre el programa constitucional que vertebra a la nación española en el doble nivel nacional y autonómico. Un simbolismo que alcanza su pleno significado en estos días, con ocasión de la grave crisis institucional que vive Cataluña».

«Un ataque inaceptable»

El desafío soberanista fue protagonista del discurso del presidente del TSJ murciano. Y es que «tan excepcionales circunstancias obligan a recordar, en un acto como éste, que en un Estado Social y Democrático de Derecho como el que define nuestra Constitución en su artículo 1.1, nunca pueden presentarse como antitéticos los términos democracia y derecho», subrayó Del Riquelme.

Hizo hincapié en que «al margen de la ley, no hay libertad ni democracia». En este sentido, remarcó que «desobedecerla supone un ataque inaceptable a nuestro proyecto común de convivencia, del que la ley, como síntesis consensuada de compromisos y renuncias, es su máxima expresión».

«Una vez más, cuando otras instancias han fallado, jueces y magistrados, esta vez de Cataluña, están cumpliendo con su misión constitucional de garantizar el imperio de la ley y el respeto al Estado de Derecho», indicó Pasqual del Riquelme.

Estos magistrados que velan por el Estado de Derecho el cumplimiento de la norma en Cataluña, «una vez más, están siendo cuestionados y descalificados por ello», lamentó el presidente del TSJ.

«Hemos de ser conscientes de que el Estado de Derecho fracasará el día en el que una sola decisión judicial quede convertida en papel mojado», dejó claro Pasqual del Riquelme en su alocución.

«Es obvio que debemos aceptar las críticas como parte del diálogo fructífero entre los tres poderes del Estado y con la sociedad en su conjunto. No obstante, existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y las descalificaciones hacia el poder judicial y sus integrantes, por otra», indicó.

«Como dijo el presidente del TS en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados en el mes de marzo de este mismo año: ´una cosa es criticar y otra desacreditar´. Pueden criticarse las resoluciones, pero no es aceptable desacreditar a los jueces que las firman por el mero hecho de no compartirse el sentido de lo resuelto», remarcó el ponente y anfitrión, flanqueado en el acto de Caravaca por los vocales del Consejo General del Poder Judicial Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán.

«Un año más, sigue siendo cierta la conclusión tantas veces expresada de que la Administración de Justicia murciana tiene más trabajo, menos unidades judiciales, menos jueces y mayor productividad que en la mayor parte de España. Hacemos más con menos», señaló en su discurso el presidente del TSJ.

«Y ello es un buen indicativo de la dedicación y extraordinario esfuerzo de todos los que trabajan en y para ella: jueces, fiscales, letrados de Justicia, médicos forenses, gestores, tramitadores, funcionarios de auxilio y personal laboral. Sin olvidar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y policías locales. Colectivos todos ellos que merecen el reconocimiento al esfuerzo que diariamente realizan y a su compromiso con el servicio a nuestros conciudadanos», añadió.

En el acto, asimismo, se hicieron públicos los reconocimientos hechos en la última reunión de la Sala de Gobierno del TSJ a la labor destacada durante el último año de magistrados, fiscales, letrados y funcionarios de la Administración de Justicia y colectivos profesionales e instituciones colaboradoras con proyectos del TSJ, como los Colegios de Abogados y Procuradores de Murcia y la Guardia Civil.

También intervino en la apertura del Año Judicial el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera. Es la primera vez que lo hace en este cargo, como apuntó. Durante su alocución, hizo un repaso a la Memoria de la Fiscalía, presentada recientemente, y puso el acento en la lacra de la violencia machista, que ha golpeado de nuevo a la Región, con una joven asesinada en Cartagena y otra ingresada tras ser golpeada presuntamente por su ex en Lorca.

De la violencia de género, Manzanera señaló que «tenemos el reto al menos de disminuirla», y reiteró que existe «el problema de las numerosas absoluciones», como consecuencia de que «la víctima retira su acusación».

Confesó que esta situación supone «desasosiego en el fiscal». Si la mujer opta por retirar la acusación, «el juez se ve obligado a dictar sentencia absolutoria». El representante del Ministerio Público también dijo que «la rapidez de la Justicia debe supone la asunción de unos plazos decentes». «No es de recibo que una simple medida de custodia de hijos menores o la reclamación de una invalidez tenga que esperar más de un año», denunció.

«La Justicia no funciona con celeridad, llegando a condenas desencantadoras», aseveró, al tiempo que puso el acento en «la necesidad imperiosa de aumento de medios personales y profesionales».