Agentes de seguridad de la Administración regional se han concentrado esta mañana ante el palacio de San Esteban para exigir al Gobierno regional una ley que regule la actuación profesional y la situación personal de la plantilla, integrada por 80 personas. El secretario de la sección sindical de UGT en este servicio, Mario Plaza, asegura que los funcionarios responsables de la seguridad en las sedes de las consejerías y en los centros oficiales dependientes de la Comunidad Autónoma están «igual que en 1995», cuando se creó este servicio, a pesar de las negociaciones mantenidas en los últimos doce años.
Los sindicatos que convocan las protestas critican «los recortes en seguridad y en formación» y advierten de que es necesario evitar «que se ponga en peligro a los funcionarios y a los ciudadanos» que acuden a las instituciones públicas por la falta de preparación de los vigilantes para afrontar situaciones como la evacuación de un edificio en caso de emergencia.
Entre las reivindicaciones de este colectivo figura también el ascenso en su categoría profesional dentro de la escala vigente en la Administración desde el grupo ´C2´ al ´C1´.
Mario Plaza asegura que los agentes de seguridad de la plantilla de la Comunidad están dispuestos «a seguir manifestándose hasta las elecciones de mayo de 2019», si es necesario.
Por su parte, el representante de La Intersindical Nacho Álvarez Castellanos precisa que los agentes de seguridad seguirán concentrándose todos los miércoles en San Esteban, coincidiendo con la celebración del Consejo de Gobierno, hasta que consigan ser escuchados.
Acusa, además, a Función Publica de condicionar las negociaciones a la suspensión de las protestas, lo que considera una coacción. También la representante de FSES Fuensanta Camacho ha lamentado la actitud de la Comunidad.
Álvarez Castellanos explicó que la falta de personal ha hecho necesario recurrir este verano a trabajadores de la calle, que, a juicio de los funcionarios, no cuentan con la preparación necesaria.
Por su parte, la Consejería de Hacienda ha contestado a los sindicatos que desde «el año 2014 se viene trabajando con este colectivo para mejorar sus condiciones laborales y modernizar el servicio adaptándolo a los nuevos tiempos. Se ha desarrollado y se sigue desarrollando un proceso de negociación constante, dado que la Administración regional lo considera como un sector prioritario», indican fuentes de la Dirección General de Función Pública.
Añaden que este departamento ha centralizado al colectivo de agentes de seguridad y control de accesos provenientes de centros de la Administración regional en la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, y también se han asumido los servicios de seguridad que antes se prestaban de forma independiente en distintas consejerías, «de forma que está todo centralizado y mejor coordinado. También han comenzado las actuaciones para reclasificar a los miembros del servicio con el objetivo de procurar su ascenso desde el subgrupo de clasificación 'C2' a la opción seguridad del subgrupo de clasificación 'C1'».
