El exalcalde de Cieza Antonio Tamayo, del Partido Popular, está absolutamente convencido de su inocencia. Por eso ayer no aceptó el acuerdo de conformidad que la proponía la Fiscalía, que pide para él tres años y seis meses de prisión por un supuesto delito de falsedad en documento público durante la tramitación en el Ayuntamiento del plan parcial de Benís, que preveía construir 5.200 viviendas y un campo de golf en el municipio. Por lo tanto, Antonio Tamayo irá a juicio y se sentará en el banquillo de los acusados. El juicio, no obstante, se tendrá que señalar para más adelante.

Antonio Tamayo dejó de ser alcalde de Cieza en junio de 2015 tras decidir voluntariamente abandonar la política municipal tras más de doce años al frente del Ayuntamiento. De hecho, ni siquiera fue candidato en las elecciones municipales de 2015. Durante la primera etapa de su mandato, en la época del boom inmobiliario, se llevó a cabo la firma del convenio Benís, destinado al desarrollo urbanístico en este sector del municipio.

El problema comenzó cuando los concejales del PSOE empezaron a tener sospechas de que parte de los terrenos eran propiedad de una concejala del PP, quien a su vez era nuera de Tamayo, solicitando información oficial al Consistorio. Según la versión del Ministerio Público, el entonces alcalde, con la colaboración del secretario municipal, Bartolomé Buendía, el arquitecto del Ayuntamiento, Juan Buitrago, y el promotor urbanístico Renán Teresa Almenara, cambiaron los planos para que no aparecieran los terrenos que presuntamente pertenecían a la concejala.

Asimismo, indica la Fiscalía en su escrito de acusación, la firma del plano fue anómala, pues Tamayo la habría llevado a cabo en su domicilio, mientras supuestamente se encontraba de baja médica. Además de la pena de prisión de tres años y medio, el fiscal solicita para Tamayo 15 meses de multa, con una cuota diaria de 25 euros, así como la inhabilitación para el sufragio y el ejercicio de cargo público.