El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, anunció ayer un nuevo decreto para las ITV de la Región, tras el rechazo de la Asamblea Regional a la anterior regulación, que ampliaba a 18 el número de estaciones en los municipios y contemplaba la gestión privada de todas, incluida la de Alcantarilla, la única de carácter público. Juan Hernández explicaba ayer que pretende «buscar un instrumento para que las tarifas sean lo más baratas posible y para garantizar más estaciones y acabar con las colas». Añadía que ha iniciado una ronda de contactos con los sindicatos y que también está consultando con los servicios jurídicos de la Comunidad.

Los grupos parlamentarios de la oposición votaron en contra del decreto aprobado por el Ejecutivo cuando llegó a la Asamblea Regional para su convalidación, lo que ha obligado a Juan Hernández a empezar de nuevo. PSOE y Podemos reclamaban el mantenimiento de la gestión pública en la ITV de Alcantarilla, mientras que Ciudadanos exigía la liberalización total de la red de estaciones de la Región.

La semana pasada se reanudaron las conversaciones entre el PP y el PSOE, que hace unos días se reunía con los secretarios generales de UGT y CC OO, quienes consideran irrenunciable el carácter público de la ITV de Alcantarilla. En un escrito realizado de manera conjunta, ambos sindicatos exigieron al Gobierno que asumiera responsabilidades «de manera urgente» y que acabase «con esta confusión que ha propiciado y que para nada beneficia al sector». En un comunicado, el consejero de Empleo aseguraba ayer que «el Gobierno regional está trabajando en un nuevo decreto que permita mantener los objetivos económicos y sociales que se buscaban en la reforma de la gestión de las ITV de la Región, pactada en el Consejo Económico y Social, avalada por el Consejo Jurídico y acordada con los sindicatos y todos los sectores sociales de la ciudadanía, tras la no convalidación del decreto ley en la Asamblea Regional».

También explicaba que ha vuelto a contactar con los colectivos sociales implicados, ya que, según destacaba Juan Hernández, «siempre hemos buscado consenso social para el modelo de ITV. Con la reforma que se planteaba en el decreto ley se perseguían cuatro objetivos: bajada de tarifas, más cercanía a los ciudadanos, menos colas y mantenimiento de los puestos de trabajo».

El consejero de Empleo insistía ayer en que su objetivo es establecer una regulación capaz de permitir que «las tarifas sean lo más baratas posible, garantice un sistema que permita crear un mayor número de estaciones de ITV para la supresión de colas y el acercamiento de esas estaciones a todos los ciudadanos, posibilitando así un equilibrio territorial». Esto supondrá la apertura de nuevas estaciones de inspección, aunque no da cifras.

Añadió que «hay que facilitar la calidad de los servicios para garantizar que los vehículos que circulan por la Región cumplen con la seguridad vial y con el respeto al medio ambiente». Igualmente, considera necesario «impulsar un marco normativo dentro de las relaciones laborales, que permita garantizar el mayor número de puestos de trabajo en las mejores condiciones laborales posibles».