Murcia compartirá con el Estado y con las demás comunidades los registros de adictos al juego que se apuntan voluntariamente para que no se les permita entrar a los locales de apuestas, bingos ni casinos o están obligados a inscribirse por orden judicial. La interconexión de las bases de datos de la Consejería de Hacienda y del Ministerio permitirá a la Comunidad el acceso a los listados estatales de los denominados 'prohibidos'. En la Región hay 533 ludópatas inscritos en este registro, que se envía a todas las empresas relacionadas con el juego para que les impidan el acceso.

Los establecimientos están obligados a identificar a sus clientes antes de dejarles entrar para asegurarse de que no tienen vetado el juego. También deben comprobar la edad de los jugadores para impedir la entrada a los menores de edad.

El departamento de Andrés Carrillo colaborará con el Ministerio de Hacienda para facilitar la interconexión de las bases de datos regional y nacional. Con la interconexión de registros se automatizará, mediante medios electrónicos, la información de los correspondientes registros de 'prohibidos', autonómicos y estatal, y se actualizarán las nuevas inscripciones o cancelaciones en los distintos registros.

El director de la Agencia Tributaria de la Región , Isaac Sanz, que participó el martes en la reunión del Consejo de Políticas de Juego, presidido por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, explicó que la interconexión «es una medida encaminada a incrementar la protección del acceso al juego, ya que este sistema permitirá que todos los registros de 'prohibidos' de las comunidades autónomas estén actualizados y conectados, de forma que sean más eficaces y ágiles a la hora de cumplir su cometido».

Isaac Sanz recordó que «el Gobierno regional trabaja en un decreto con el fin de establecer que en los salones de juego, los terminales de apuestas y las máquinas auxiliares dispongan de un sistema de bloqueo automático que impida la formalización de apuestas deportivas a los menores de edad y a las demás personas que no pueden acceder al juego». El objetivo es «la protección de los menores y de aquellas personas que solicitan voluntariamente que se les impida el acceso», así como la adaptación a la nueva realidad surgida del juego online.