El Congreso dio ayer luz verde a la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Murcia para suprimir los aforamientos políticos, una iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica y que Ciudadanos puso como condición para apoyar la investidura del presidente murciano, Fernando López Miras.
Los grupos del Congreso, salvo el PP y el PDeCAT, que se abstuvieron, votaron a favor de abrir el debate para que el Estatuto de Autonomía Murciano incluya la eliminación de los aforamientos, quedando con 189 votos a favor, 145 abstenciones y uno en contra.
Desde el PP, en el turno de fijación de posiciones, el diputado Francisco Bernabé justificó la abstención de su partido al entender que una reforma de este calado requiere de un pacto de «ámbito nacional». Comparten «el fondo pero no la forma» de esta propuesta, argumentó Bernabé al recordar que en el programa electoral del PP se incluyó la supresión de los aforamientos, y aprovechó para recordar que el mismo PSOE que apoyó ayer esta medida rechazó hacerlo en la Comunidad Valenciana, igual que hizo Compromís.
También decidió abstenerse el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), y su coportavoz, Jordi Xuclà, aprovechó su turno para sacar a colación el conflicto de Cataluña pidiendo que se respeten las iniciativas que aprueba el Parlamento catalán, como se hace con las que presentan otras comunidades.
Desigualdad y corrupción
A favor de eliminar los aforamientos en Murcia, la diputada socialista María González señaló que con esta reforma «liderada» por el PSOE se está «erradicando» una situación de corrupción que durante 22 años ha generado en la región una política de «amiguetes» y una situación de «pobreza y desigualdad».
Y para ilustrarlo aseguró que los delegados del Gobierno en Murcia han estado años «sin sacar dinero del cajero» y citó la doble imputación del expresidente Pedro Antonio Sánchez por corrupción.
Por parte de Ciudadanos, su portavoz, Juan Carlos Girauta, puso el acento en el papel determinante de su grupo para que esta iniciativa haya salido adelante al haber sido un requisito del partido naranja para apoyar el gobierno de Fernando López Miras tras la dimisión de Sánchez.
Girauta opinó que es «oportuno» eliminar los aforamientos en un país donde hay más de 12.000 aforados sin contar los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado al entender que no tienen cabida en un Estado de derecho consolidado.
Javier Sánchez Serna, de Podemos, afirmó que ve «necesaria» esta reforma ante «la mayor crisis institucional» que ha vivido Murcia en su historia, recalcando que mientras la mitad de los murcianos no han podido irse de vacaciones, «la factura de la corrupción» les cuesta al año 815 euros por habitante. Según Sánchez Serna, muchos de los acusados por corrupción son aforados y «no se enfrentarán al mismo recorrido judicial» que el resto de ciudadanos.
Igualmente a favor se mostró el PNV si bien el diputado Mikel Legarda puntualizó que no consideraba que fuera el momento para este debate.
