Los cuatro partidos con representación en la Asamblea Regional apoyarán en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos, si bien el PP ha considerado que «lo serio y riguroso» es abrir un debate nacional sobre su supresión para «no generar desigualdades».

El portavoz del PP y ponente de la reforma, Víctor Martínez, declaró ayer que su formación tiene «la voluntad política» de revisar esta figura pero pide que se haga a través de un cambio integral porque «las reglas del juego deber ser las mismas para todas las comunidad autónomas». «Todos los partidos coincidimos en que sobran aforados en España», añadiendo que lo serio y riguroso es «abordar su limitación tras un estudio previo con el fin de que la decisión tenga amplitud nacional y afecte a todos por igual», detalló.

Martínez reconoció que su grupo votó a favor de la eliminación de esta figura en la Región porque fue una condición de Ciudadanos para poder investir al presidente murciano, Fernando López Miras, que apoyaron porque «estaba en juego la gobernabilidad y la estabilidad» para poder «seguir encabezando la creación de empleo y el crecimiento económico a nivel nacional». El portavoz admitió que le hubiera gustado defender esta tarde ante el pleno del Congreso una reforma del Estatuto «para mejorar la injusta financiación autonómica» o la asunción de competencias de Costas.

Por su parte, Miguel Sánchez, portavoz de Cs, incidirá en la Cámara Baja en que su formación «abanderó» la eliminación de los aforamientos y que este debate es posible porque fue «una exigencia» de la formación naranja para permitir la investidura de Miras.

El portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, que no intervendrá ante la Cámara Baja, advirtió de que sería «un insulto» que el PP votara en contra de la admisión a trámite de esta reforma del Estatuto cuando la han apoyado en la Asamblea Regional. Por parte del PSOE intervendrá el viceportavoz Joaquín López.

En caso de validarse la propuesta, la Mesa del Congreso abrirá el plazo de presentación de enmiendas y remitirá el texto a la Comisión Constitucional, que tendrá dos meses para redactar un dictamen junto a la delegación designada por la Cámara. El texto puede ser vetado o enmendado por el Senado y su dictamen definitivo, una vez superada la revisión por la Comisión Constitucional, requiere de mayoría absoluta del hemiciclo.