Los negocios de la CAM en el Caribe llevan otra vez ante el juez a la Comisión de Control de la caja, que presidía el empresario de Sucina y exconcejal murciano del PP Juan Ramón Avilés. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar en calidad de investigados al expresidente y a quince de los antiguos miembros de la comisión para esclarecer si tuvieron algún papel en las operaciones que la entidad realizó con los hoteleros de Benidorm Juan Ferri y José Baldó en el Caribe, con las que, supuestamente, se desviaron fondos de la caja en beneficio de éstos. Unos hechos que se investigan en un proceso que arrancó hace cinco años y en el que ya están imputados (lo que viene a ser lo mismo que investigados) los dos empresarios alicantinos, el exdirector general de la CAM Roberto López Abad y quien fuera el responsable de inversiones inmobiliarias Daniel Gil. Los cuatro han estado en prisión en el marco de este proceso, situación que eludieron previo pago de una fianza.
Entre los citados ahora se encuentran Juan Ramón Avilés, quien ya fue juzgado y absuelto junto a López Abad en otra causa por las dietas y los créditos que recibió cuando presidía la Comisión de Control de la CAM), junto al exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas José Manuel Uncio; el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante José Enrique Garrigós; o el exsecretario del consejo de la CAM Francisco Grau. No se ha citado, por contra, a otros miembros que integraban este órgano de control. Todos ellos (la comisión la componían 18 personas además del presidente) fueron juzgados en el proceso del que salieron absueltos López Abad y Avilés, siendo por tanto también exonerados del cobro indebido de dietas del que estaban acusados como partícipes a título lucrativo.
Con estas citaciones, señaladas para la primera semana de octubre y que la fiscal del caso considera innecesarias (aunque no va a recurrir la decisión de la magistrada), se reactiva un procedimiento que investiga cinco operaciones en el Caribe que se llevaron a cabo con financiación de la CAM a través de Valfensal, una mercantil participada en un 30% por la caja, de la que Ferri y Baldó tenían el 70% restante.
En un auto notificado esta semana la juez cita al Banco de España para afirmar que «los miembros de la comisión de control de la CAM, por ser a la vez miembros de la comisión de control de TIP (la sociedad que gestionaba las participaciones de la caja en otras compañías), no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP, deficiencias que supusieron unas pérdidas, en relación a estas operaciones, de más de 25 millones de euros. Las operaciones, según Lamela, se llevaron a cabo «al margen» o incluso «en contra de todo procedimiento interno previsto para este tipo de negocios».
En consecuencia, precisa Lamela, «habiendo participado o debido participar en el control y aprobación de las distintas operaciones relacionadas con los hechos objeto de investigación es procedente recibirles declaración, en principio como investigados, al existir indicios debidamente expuestos por el Fondo de Garantía de Depósitos de que aquellos pudieron conocer o incluso aprobar la actividad dirigida desde la entidad por Roberto López y Daniel Gil».
