El 34,4 por ciento de los contratos realizados en 2016 con graduados universitarios fueron para que desempeñaran tareas de baja cualificación, siete décimas más respecto al año precedente y más de cuatro puntos porcentuales si se toma como referencia 2010.

Además, el 36,8% de todos los graduados superiores que trabajaban el pasado año lo estaban haciendo en puestos de baja cualificación.

Todo ello demuestra el "relativamente elevado nivel de sobreeducación" de nuestros universitarios, según señala el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) 2016, que analiza la evolución de las universidades españolas (50 públicas y 32 privadas), y que ha detectado también un "protagonismo creciente" de los centros privados dentro del sistema universitario.

En concreto, en la Región de Murcia, el porcentaje de contratos realizados con graduados universitarios para desempeñar tareas de

alta cualificación fue tan solo del 65,3%, por lo que un 34,7% está trabajando en un puesto por debajo de lo que su nivel de enseñanza.

El vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc Solé, y el coordinador general del informe, Martí Parellada, han destacado que 2016 refleja, por otra parte, "una clara inflexión en muchos indicadores" universitarios, aunque aún queda "mucho por hacer".

Respecto a otros informes, han crecido los ingresos liquidados de las universidades públicas, ha aumentado el número de profesores y el personal de administración y servicios, y ha mejorado la empleabilidad de los titulados universitarios.

En la presentación institucional del informe, la presidenta de la Fundación CYD, Ana Botín, ha dicho que la educación debe ser una prioridad para todos y, de forma especial para las empresas.

"Compartimos cada vez más espacios comunes con el mundo educativo", ha enfatizado Botín, que al principio de su discurso ha tenido un recuerdo para las víctimas de los atentados en Cataluña.

El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Segundo Píriz, -ha condenado también los atentados- ha reiterado, por su lado, la necesidad de un Pacto de Estado por la Educación y la Investigación que permita "trabajar con un marco regulatorio estable".

El informe resalta que el 36,8% de todos los graduados superiores empleados en 2016 no lo hacían en las categorías de directores y gerentes, técnicos o profesionales científicos e intelectuales, que serían las consideradas de alta cualificación y con necesidad de tener un título superior; ese dato en la UE es 23%.

Y en torno al 25% de los graduados que trabajaban lo hacían o bien de contables, administrativos y otros empleados de oficina o de trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores para lo que se necesita tener, en principio, un nivel de estudios inferior al universitario; el porcentaje en la UE se situaba por debajo del 16%.

Martí Parellada ha explicado que no es un tema "a imputar exclusivamente a la Universidad porque el mercado laboral es el que es y es el que demanda titulados o no".

Y para que las universidades españolas mejoraren en los ránking internacionales como el de Shanghai, Parellada ha sugerido "una política de fusiones" para aumentar el volumen de los indicadores que se tienen en cuenta.

Por comunidades, en 2016, y respecto al año precedente, se experimentó un incremento del nivel de "sobreeducación" en la mayoría excepto en La Rioja, País Vasco, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra.

Por sexos, la "sobreeducación" fue, en general, menor para las mujeres graduadas que para los hombres y solo sucedió lo contrario en Aragón, Canarias, Madrid y Galicia.

El informe también recuerda que en el curso 2015-16 el total de matriculaciones en grados ascendía a 1,32 millones, un 3,1% menos que en el anterior.

Los expertos han comentado que es debido en parte al "fuerte aumento" de los precios de las matrículas y al "endurecimiento" de las condiciones para obtener y mantener una beca.

Se recalca que en la última década ha crecido el porcentaje de matriculaciones para grados y máster en las universidades privadas en detrimento de las públicas y en las universidades a distancia respecto a las presenciales.