Solo se puede sancionar la falta de honestidad y es muy difícil llegar a imponer medidas disciplinarias más allá del ´0´ en la evaluación.

«Ahora los alumnos te vienen con un abogado y te dicen que salvo que tengas pruebas prevalece el principio de inocencia».

Por eso, las universidades de la Región reclaman un soporte normativo que ampare decisiones como la de retirar los móviles a los estudiantes antes de hacer un examen, por ejemplo.

La culpa la tiene el decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, dependientes del Ministerio de Educación, una normativa franquista que no termina de ser derogada. El expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, dejó un borrador con una nueva legislación allá por 2011.

Pero desde entonces, nada más se ha sabido. Sigue en un cajón.