España se ha convertido esta semana en uno de los primeros países del mundo en aprobar una estrategia nacional de adaptación de sus 7.883 kilómetros de costa a los efectos del cambio climático, en la que concluye que no caben más infraestructuras, construcciones y desarrollos urbanísticos en el litoral.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge esta semana la aprobación de esta herramienta, mandato de la Ley de Costas de 2013, que ha contado con el asesoramiento científico de uno de los centros pioneros a nivel mundial en la materia, el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH), y con un amplio proceso de participación pública.
La estrategia diagnostica la situación actual de la costa y concluye que «el modelo de desarrollo económico implantado en las últimas décadas y la explotación de los recursos ha supuesto una amenaza para el litoral, incrementando su exposición y vulnerabilidad al cambio climático debido a la presión urbanística y a la degradación sufrida».
Urbanización desmesurada
«La urbanización desmesurada de las últimas décadas, la construcción de infraestructuras en el litoral y la disminución del caudal sólido de los ríos ha modificado la línea de costa, destruyendo dunas, desecando marismas y lagunas costeras, aumentando la erosión y alterando el litoral mediante diques y espigones», indica el texto.
Partiendo de esa situación y de las previsiones de los impactos del calentamiento, la estrategia «marca unas directrices generales de cómo para abordar esos efectos en la costa con una visión integradora, en la que se abarca no solo el dominio público costero, competencia del Gobierno, sino áreas de gestión autonómica», indica el director de investigación del IH, Iñigo Losada.
«La estrategia valora los riesgos más allá de las competencias estatales y sienta las bases para actuar», añade.
En el marco de esos riesgos, el documento determina que el aumento del nivel del mar y la subida de temperatura -con las serias implicaciones de esto último para los ecosistemas- serán los principales impactos en la costa, seguidos de las tormentas y temporales (más viento y oleaje), y del déficit de aportes de agua dulce.
Ante esta situación la estrategia desglosa todo un abanico de opciones para adaptarse a los riesgos, dando prioridad a la planificación y el seguimiento, y a las llamadas 'infraestructuras verdes frente a las grises', algo que tanto Losada como los ecologistas consultados consideran acertado.
Es decir que frente a nuevas obras de ingeniería para proteger la costa, la estrategia apuesta por proteger los ecosistemas naturales que ejercen esas funciones, preservando ríos, deltas, dunas, estuarios, humedales o marismas, y restaurando los que han dejado de prestar sus servicios por su degradación o destrucción.
Sin medidas de adaptación, los 15 millones de españoles que viven en 487 municipios costeros de 24 provincias y 10 Comunidades Autónomas se verán afectados por inundaciones costeras o desplazamientos por pérdida de territorio a finales de siglo.
