En España, once de cada cien mujeres deciden no acusar a sus parejas , según las estadísticas judiciales. La ley establece la posibilidad de que la víctima no tenga la obligación de declarar como testigo en los procesos contra el agresor, lo que provoca en muchos casos la absolución de los acusados cuando se inicia una investigación (tras un parte de lesiones).

Los últimos datos del Observatorio del Poder Judicial señalan que de las 38.018 mujeres víctimas de violencia machista registradas en el primer trimestre de 2017, 4.173 mujeres -el 11%- se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar contra su agresor. De ellas, 2.602 eran españolas y 1.571 extranjeras, aunque, si se comparan las cifras con el total de víctimas, son las extranjeras las que más se acogen a este derecho. En la Región, de las 1.492 mujeres que en el mismo periodo presentaron una denuncia, 163 no declararon en contra de su agresor -el 10,92%.

A ello hay que sumar la ausencia de denuncias en muchos de los casos, quedando oculto el maltrato. «Lo que se está haciendo ahora es recaer única y exclusivamente la condena de un maltratador en la declaración de la víctima y lo que hay que hacer es una buena instrucción; la Policía debe hacer su trabajo inspeccionando la vivienda y recabando pruebas y el fiscal pedir informes médicos o psicosociales», explica la presidenta de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández.

La jurista destaca que la declaración de la víctima debe ser una prueba más, pero no la única de la que hace depender la condena. «En muchas ocasiones, las víctimas se sienten coaccionadas, porque les dicen 'sepa usted que si declara contra su marido él puede ir a prisión'; la hacen responsable de la pena que pueda recaer contra esa persona por su declaración, por lo tanto no está obteniendo la tutela judicial», lamenta. El abogado Manuel Martí apunta a que falta asesoramiento a las víctimas para que puedan ir a denunciar directamente, algo que Fernández también apoya, ya que muchas de las mujeres llegan a los juzgados sin ser aconsejadas y se enfrentan con la decisión de si presentan una denuncia o declaran contra el agresor.