Los ayuntamientos de la Región elevaron su endeudamiento el pasado año en casi 70 millones de euros, según recoge el Boletín de coyuntura económica de la Croem. De acuerdo con los datos del informe, los consistorios murcianos cerraron 2016 con una deuda de 923 millones de euros, 67,3 más que en el año anterior, lo que supone un aumento del 7,9%, debido sobre todo al comportamiento de apenas ocho municipios de los 45 que tiene la Región, que liquidaron el año con niveles superiores a los de 2015. Se trata de Águilas, Albudeite, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Moratalla, Murcia, San Javier y Totana.

La mayor deuda por habitante la registra Aledo, que debe 3.403 euros por cada vecino; seguido de Villanueva del Río Segura, con 3.191. Ulea sigue siendo el único municipio totalmente libre de deudas.

Entre los ocho municipios que han visto incrementarse su deuda el pasado año destaca Murcia, que casi ha duplicado los créditos a los que debe hacer frente al verse obligado a computar el coste de construcción del tranvía, tras la resolución de la Intervención General del Estado. Esta decisión de la Administración ha elevado el importe asignado a Murcia en un 90% hasta los 316,1 millones, lo que supone que cada vecino del municipio debería 717 euros .

Entre los municipios que más han incrementado su deuda figuran también San Javier (36,2%), que debe 14,8 millones; y Albudeite (20%), con 0,3 millones, que representan apenas 195 euros por vecino.

A continuación se sitúa Totana, que ha aumentado su deuda un 15,2% y ha alcanzado los 85,8 millones, que representan 2.768 euros por habitante.

Águilas es municipio que ha registrado el mayor repunte, con una subida del 258,8%, aunque sus créditos pendientes se reducen a 2,4 millones, que suponen 68 euros por habitante.

Ceutí debe 27,5 millones, lo que supone un aumento del 8,1%, que sitúa la deuda por vecino en 2.431 euros.

Moratalla debe 10,5 millones, un 7,5% más, equivalente a 1.294 euros por habitante.

Caravaca de la Cruz, que adeuda 31,7 millones, apenas registra un incremento de una décima. Cada vecino toca a 1.237 euros.

En el extremo opuesto se encuentran Cartagena, que debe 90,9 millones , una cantidad equivalente a 423 euros por habitante, y ha reducido su deuda un 30,6%. Santomera, que ha recortado un 34,7%, debe 5,2 millones, lo que supone 323 euros por habitante.

Las Torres de Cotillas debe 3,3 millones tras reducir un 43%.

También Mula, con 7 millones, ha reducido la deuda un 28,8%. Los Alcázares, que debe 7,4 millones, ha bajado un 28,4%; Yecla, con 131,1 millones, recorta un 23,9%

Alhama de Murcia tan solo debe 0,1 millones, tras reducir su endeudamiento un 85,6%.

Por otra parte, la deuda financiera de la Comunidad Autónoma se ha estabilizado en los últimos trimestres hasta situarse en 8.302 millones, que representan el 28,8% del PIB regional, cuatro puntos por encima de la media de todas las comunidades (24,8%).

No obstante, en el primer trimestre de 2017 se detectó un inesperado aumento del déficit público de la Comunidad. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala a la Región de Murcia como la única autonomía en la que es 'muy improbable' que se pueda alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado (0,6%).

Hasta el mes de mayo la recaudación de la Agencia Tributaria estatal en la Región acumula un aumento del 4,5% (frente a un alza del 9,3% en España), sustentado sobre en la mejoría del Impuesto de Sociedades (+42,7%), IVA (+35,8%), e Impuestos Especiales (+16,9%), que compensan la merma del IRPF (-12,5%).

«Los vientos de cola se niegan a amainar»

«En el primer semestre de 2017 la economía regional mantiene, sin síntomas de desaceleración, la velocidad de crucero que había caracterizado las dos anualidades precedentes. Este escenario de bonanza se asienta en unos vientos de cola que se niegan a amainar». Este es el diagnóstico de la economía regional que ofrece el ´Boletín de coyuntura´ difundido ayer por la Croem. Su previsión es que 2017 será «el cuarto año consecutivo con crecimiento». La patronal califica de «acertadas» las conclusiones de la Memoria del CES, que apuntaban «la necesidad de reforzar las políticas que incentiven la innovación y el desarrollo, la formación, las infraestructuras, la productividad o una convivencia más amigable ente medio ambiente y los distintos sectores económicos, todo ello para mejorar la competitividad regional».