Según datos del Ministerio de Justicia, de los 12.760 casos de ocupación ilegal de viviendas en 2015, se pasó a 22.46 en 2016: un incremento del 43,19%. Y sigue creciendo «considerablemente» en el año 2017, indican desde el Consejo de Colegios.
Desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España denuncian que los propietarios del edificio «se encuentran desamparados» por cosas como «el enganche ilegal a los suministros de luz, agua y gas de la comunidad, que puede generar, entre otros riesgos, incendios».
