«El Ministerio Público realiza consideraciones y matiza que el fiscal no afirma que todo el dinero esté invertido en la obra: simplemente se dice que en, esta causa, este hecho, que podría ser constitutivo de malversación y falsedad de documentos públicos mediante certificaciones infladas, es objeto de otra pieza seguida e investigada en Lorca, pero no porque se entienda que todo el dinero está invertido».

Esta apostilla de la Fiscalía queda reflejada (textualmente) en el auto, con fecha del jueves, que hacía público hoy el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

En este documento, el instructor del caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, estima en parte el recurso del fiscal contra su auto del 7 de julio y añade un nombre a la lista de personas procesadas: el de la secretaria accidental del ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García Vidal. Se investiga si presuntamente incurrió en un delito de prevaricación continuada y otro de fraude.

Volviendo a la matización de la Fiscalía, se da la circunstancia de que el que fuera presidente de la Región Pedro Antonio Sánchez, (imputado por este asunto, por unos hechos que sucedieron en su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras) siempre había sostenido en su defensa que el Ministerio Público tenía claro que toda la subvención que le dieron en su día para hacer el Auditorio de Puerto Lumbreras (un edificio sin terminar), estaba en esta obra.

Sánchez (que tiene otro frente judicial porque presuntamente quiso pagar con dinero público los servicios de la trama Púnica para lavar su imagen online) se vio obligado a dimitir al frente del Ejecutivo regional cuando saltó el escándalo del caso Auditorio y, según su argumento, PSOE, Ciudadanos y Podemos tendrían listo «un tripartito» para echarlo de San Esteban. Dijo entonces PAS que dimitía por el bien de la Región, aunque sigue conservando su escaño de diputado en la Asamblea y su cargo de presidente del PP regional.

El auto hecho público ahora por el TSJ se pregunta varias cosas acerca de qué pasó en su día con el Auditorio sin finalizar de Puerto Lumbreras. «Se acaba el dinero y la obra está sin terminar. Y surge la primera pregunta: ¿por qué se acaba el dinero, si estaba presupuestado por el proyecto ganador para construir el Auditorio y los demás anexos? No lo sabemos», se puede leer textualmente en el documento judicial.

«Y una segunda pregunta: ¿por qué no se termina el Auditorio, que era el único objeto de la subvención, y no se dejan los anexos para mejor ocasión? No lo sabemos», prosigue el documento.

El juez Pérez-Templado (cuestionado, en su momento, por su amistad personal con un miembro del PP, Cosme Ruiz) añade un tercer delito a otro de los procesados, el arquitecto autor del proyecto del fallido Auditorio lumbrerense, Martín Lejarraga, que ahora se enfrentará también a una posible prevaricación.

El auto no es firme. Si no prospera ningún otro recurso, el juicio por el caso Auditorio se celebraría solo contra Pedro Antonio Sánchez, el arquitecto Lejarraga y el constructor Vicente Gimeno, además de contra la secretaria municipal incluida ahora entre los procesados.