El lunes 31 de julio se realizará la movilización prevista en las ITV de Murcia que será de carácter total durante toda la jornada, según anunciaron los sindicatos UGT y CC OO en rueda de prensa tras no llegar a un acuerdo con el consejero de Empleo, Juan Hernández, que pretende ampliar el número de ITV privadas en la Región y privatizar la de Alcantarilla, la última que queda de carácter público en la Comunidad.

Junto a la confirmación de los parones en todas las estaciones de la Región para ese día, también indicaron que pretenden tratar el asunto sobre el proyecto del Gobierno regional de dejar en manos privadas las inspecciones técnicas de vehículos con los otros grupos parlamentarios o incluso se plantean solicitar una futura reunión con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras para buscar un acuerdo.

Los secretarios de UGT y CCOO, Antonio Jiménez y Santiago Navarro, respectivamente, volvieron a exigir al consejero que la ITV de Alcantarilla se mantuviera mediante una gestión directa publica como ha venido siendo hasta ahora, «puesto que es el modelo que sirve a toda la Región de Murcia, asegura la imparcialidad y objetividad de las inspecciones y es rentable para las maltrechas arcas públicas de la Comunidad», según los secretarios.

«Lo que se está poniendo en riesgo es la calidad y garantía del empleo de los 200 trabajadores actuales y no queremos que esto lleve a una subrogación de plantilla, una bajada en los salarios o incluso unos ERE en las ITV». «No entendemos y tampoco nos ha demostrado el consejero en las conversaciones mantenidas hasta el día de hoy por qué hay que cambiar este modelo de gestión», declararon Jiménez y Navarro.

Respecto a la situación actual, los secretarios lamentaron que la negociación no estaba siendo «leal» por parte de la Consejería, «dado que continuamente se mete por medio una supuesta negociación paralela con un partido político concreto, Ciudadanos, remitiéndonos a acuerdos que ya entendíamos negociados en la mesa por imperativo de dicho grupo político, como es la duración que ya creíamos acordada para quince años y ahora se nos plantea para diez, lo que a nuestro entender perjudica seria y gravemente a las empresas que aspiren a ser de carácter privado».